El Gobierno de la Provincia de Neuquén presentó este martes en la Legislatura provincial el proyecto de Ley de Protección de Tierras Productivas. La iniciativa busca preservar, conservar, recuperar y promover el uso sustentable de las superficies con aptitud productiva y bajo riego.
El proyecto establece que las tierras irrigadas constituyen un recurso escaso, limitado y no renovable y propone fijar un marco provincial para evitar que la expansión urbana, industrial y de servicios reduzca de manera irreversible la superficie destinada a la producción agropecuaria.
La presentación fue realizada ante la Comisión de Producción, Industria y Comercio de la Legislatura de Neuquén. Participó el secretario de Producción e Industria, Diego García Rambeaud, quien explicó que el objetivo es generar garantías para el desarrollo productivo posterior a la actual etapa de expansión de Vaca Muerta.
“La idea es que esta ley nos dé garantías, a los neuquinos, sobre lo que viene después de Vaca Muerta, que es continuar con una matriz que tendrá al turismo y a la producción como principales ejes de desarrollo”, señaló García Rambeaud.
Por qué Neuquén busca proteger las chacras
El proyecto parte de un diagnóstico territorial: la superficie agrícola viene perdiéndose y fragmentándose, mientras aumenta la presión sobre las áreas productivas por el crecimiento de la población y de las actividades vinculadas con Vaca Muerta.
Durante 2025 se perdieron 663 hectáreas de superficie frutícola, según los datos incorporados a los fundamentos de la iniciativa.
A esto se suma la expansión de bases petroleras, talleres, servicios logísticos y otras actividades que demandan suelo. El desafío planteado por la Provincia es compatibilizar ese crecimiento económico con la conservación de las áreas que todavía pueden sostener producción agropecuaria.
El problema también está relacionado con la expansión urbana. Entre 2010 y 2020, la población de Neuquén pasó de 471.409 a 540.909 habitantes, un crecimiento del 15%.
En el mismo período, la huella urbana aumentó un 45%, al pasar de 12.460 a 18.083 hectáreas.
La diferencia entre ambos porcentajes es uno de los datos centrales para entender la preocupación oficial: la ciudad y las áreas urbanizadas crecieron proporcionalmente más que la población, generando un consumo creciente de suelo por habitante.
Qué tierras quedarían protegidas por la ley
La iniciativa alcanza a las tierras con aptitud productiva y bajo riego, independientemente de que actualmente estén siendo explotadas.
También comprende superficies públicas y privadas que cuenten con sistemas de riego y drenaje existentes o que tengan aptitud agrícola reconocida oficialmente.
La protección no se limita, por lo tanto, a una chacra que actualmente produzca frutas u hortalizas. El criterio propuesto toma en cuenta también la capacidad productiva del suelo y la infraestructura necesaria para aprovecharlo.
La Secretaría de Producción e Industria será la autoridad de aplicación y, junto con Catastro y Recursos Hídricos, deberá elaborar la cartografía oficial y vinculante de las áreas alcanzadas.
Dos zonas definirán qué se puede hacer en las tierras productivas
Uno de los principales instrumentos del proyecto es la creación de dos categorías de protección:
Zona de Protección Prioritaria (ZP1): estará destinada a la producción agropecuaria estricta y tendrá el mayor nivel de protección.
Zona de Uso Condicionado (ZP2): permitirá determinados usos, pero sujetos a evaluación, eficiencia hídrica y criterios de sustentabilidad.
El proyecto también establece reglas específicas para la subdivisión de las unidades productivas, con el objetivo de evitar que el fraccionamiento termine generando una pérdida de la capacidad agrícola del territorio.
La iniciativa incorpora además una cláusula de no regresión. Esto significa que una norma de igual o menor jerarquía no podrá reducir los estándares de protección establecidos por la futura ley provincial.
Los municipios y las comisiones de fomento, en cambio, podrán establecer medidas que incrementen ese nivel de protección.
Qué pasará con los loteos y las urbanizaciones
Uno de los puntos con mayor impacto territorial es la restricción al cambio de destino de las tierras protegidas.
La propuesta establece prioridad para el uso agropecuario y busca impedir que el avance de loteos y urbanizaciones termine ocupando superficies productivas.
También restringe el cambio de destino hacia usos:
- residenciales;
- industriales;
- turísticos;
- de servicios.
El proyecto contempla excepciones para viviendas familiares y para situaciones de interés público que estén debidamente fundamentadas y cuenten con dictámenes técnicos y ambientales.
La discusión adquiere especial relevancia en una provincia donde el crecimiento de la actividad hidrocarburífera genera una fuerte demanda de suelo para viviendas, infraestructura, servicios y nuevas actividades económicas.
Los canales y drenes tendrán protección especial
La infraestructura hídrica tendrá carácter intangible bajo el esquema propuesto.
La protección alcanzará canales, acequias, compuertas, sifones y drenes. La iniciativa prohíbe las acciones que puedan alterar, obstruir o comprometer su funcionamiento.
La restricción alcanzará tanto a obras privadas como públicas.
El proyecto contempla como excepción las obras públicas debidamente autorizadas que incorporen medidas compensatorias equivalentes.
La decisión busca abordar un problema que excede a cada parcela individual: cuando una obra altera un canal o un dren, sus consecuencias pueden extenderse sobre todo un sistema de riego.
El crecimiento productivo también explica la apuesta por conservar suelo
La protección de las tierras existentes se plantea en paralelo con una estrategia para incorporar nuevas superficies al sistema productivo.
Actualmente Neuquén cuenta con unas 23.000 hectáreas bajo riego, según información difundida recientemente por el Gobierno provincial. La Provincia, además, avanza con estudios para desarrollar infraestructura que podría incorporar hasta 54.000 hectáreas en el denominado Corredor del Viento, entre Piedra del Águila y Picún Leufú.
Esto genera una contradicción aparente que explica buena parte de la política oficial: mientras se busca ampliar la superficie irrigada, también se intenta evitar que las tierras productivas existentes sean reemplazadas por usos urbanos.
El objetivo declarado es que el crecimiento económico derivado de Vaca Muerta sirva para diversificar la economía provincial hacia actividades como fruticultura, horticultura, producción de frutas finas y turismo.
La estrategia ya incluye obras para mejorar sistemas existentes. En marzo de 2026, por ejemplo, Neuquén adjudicó una obra para optimizar el sistema de riego de Picún Leufú, que abastece unas 2.300 hectáreas productivas y beneficia a alrededor de 300 productores.
El proyecto llega después de un debate que ya estaba abierto
La protección de las chacras no aparece por primera vez en la agenda provincial.
En noviembre de 2025, el gobernador Rolando Figueroa había planteado públicamente la necesidad de frenar los loteos que consumen tierras productivas y reclamado que el crecimiento urbano se concentre en áreas planificadas.
Meses después, en julio de 2026, la Secretaría de Producción e Industria reunió a cámaras de productores, representantes del sector frutícola, consorcios de riego y equipos técnicos para discutir los lineamientos del proyecto. En ese encuentro, los representantes productivos respaldaron la creación de un marco común para el ordenamiento territorial.
El debate, por lo tanto, pasó de una preocupación política y sectorial a una propuesta concreta que ahora deberá atravesar el tratamiento legislativo.
La ley busca ordenar la convivencia entre producción, viviendas e industria
El Gobierno provincial plantea que la protección del suelo no significa elegir entre producción, vivienda e industria, sino establecer dónde y bajo qué condiciones puede desarrollarse cada actividad.
Ese punto será central durante el tratamiento legislativo.
La expansión de Vaca Muerta genera nuevas necesidades de infraestructura, vivienda y servicios, mientras que las áreas bajo riego constituyen uno de los principales activos para diversificar la economía provincial.
La iniciativa busca que esas dos dinámicas no compitan por el mismo suelo.
Habrá sanciones, controles e incentivos
El proyecto crea herramientas de fiscalización mediante monitoreo remoto y controles presenciales.
Las sanciones podrán aplicarse frente a acciones que:
- afecten canales y drenes;
- alteren las condiciones del suelo;
- modifiquen el escurrimiento del agua;
- ejecuten loteos o fraccionamientos sin autorización;
- realicen obras no permitidas.
La gravedad de la sanción se determinará teniendo en cuenta la superficie afectada, el carácter reversible o irreversible del daño, el beneficio económico obtenido y la intencionalidad.
La reincidencia será considerada un agravante.
El criterio propuesto prioriza además la recomposición del daño por encima de la aplicación de una multa económica.
En paralelo, se prevén incentivos para productores que implementen buenas prácticas de conservación de suelos y eficiencia hídrica, incluyendo acceso prioritario a determinadas líneas de crédito.
Qué financiará el Fondo Provincial de Protección y Conservación
La iniciativa también propone crear un Fondo Provincial de Protección y Conservación de Suelos Irrigados.
Los recursos estarán destinados, entre otros objetivos, a:
- rehabilitar drenajes críticos;
- modernizar sistemas de medición y telemetría;
- tecnificar el riego;
- prevenir la salinización;
- combatir anegamientos;
- financiar acciones de conservación de suelos.
El fondo se integraría con recursos provenientes de multas, presupuesto provincial y eventuales aportes nacionales e internacionales.
La producción de alimentos aparece como uno de los objetivos estratégicos
La discusión sobre las chacras no se limita a la actividad frutícola tradicional.
La Provincia sostiene que la conservación de las tierras irrigadas puede permitir aumentar la producción de frutas, hortalizas y frutas finas, mejorar el abastecimiento local y acceder a nuevos mercados.
La necesidad de incrementar la producción de alimentos también fue planteada en experiencias concretas. En Picún Leufú, por ejemplo, la Provincia trabaja junto con productores y técnicos del INTA para mejorar el manejo del agua y diversificar la producción, con presencia de pasturas, alfalfa y horticultura.
En la Región Confluencia, además, existen experiencias de producción frutícola y hortícola que incluso comenzaron a incorporarse a propuestas de agroturismo.
El desafío futuro será determinar si la protección legal puede traducirse en más producción y mayor rentabilidad, y no solamente en restricciones al cambio de uso del suelo.
¿Cuándo comenzaría a regir la nueva ley?
El proyecto establece que, si es aprobado, la ley entrará en vigencia 30 días después de su publicación en el Boletín Oficial.
La reglamentación de los procedimientos técnicos y de los mecanismos de fiscalización tendrá un plazo máximo de 180 días.
Antes de llegar a esa instancia, la iniciativa deberá atravesar el tratamiento correspondiente en la Legislatura de Neuquén.
