El Gobierno de Neuquén denunció penalmente a una ex funcionaria del Ministerio de Salud por presuntas irregularidades en el manejo de fondos públicos que superan los 21 millones de pesos. La presentación fue realizada por la Fiscalía de Estado luego de que una auditoría interna detectara inconsistencias en la rendición de gastos correspondientes a tres expedientes administrativos.
La ex funcionaria se desempeñaba como directora provincial de Prestaciones y Recupero Financiero y, según la denuncia, habría intervenido en procedimientos que permitieron disponer de fondos públicos sin que posteriormente pudiera acreditarse de manera fehaciente cuál fue su destino final.
De acuerdo con la investigación administrativa, los expedientes observados involucraron anticipos para gastos de funcionamiento por un total de 21.307.500 pesos. Los auditores concluyeron que la documentación presentada para justificar esos desembolsos no permitió verificar adecuadamente el uso de los recursos.
La presunta maniobra bajo investigación
Según surge de la denuncia presentada ante la Justicia, la hipótesis principal es que los fondos quedaron bajo disponibilidad de la funcionaria y que posteriormente se intentó justificar su utilización mediante documentación cuya relación con servicios efectivamente prestados o gastos reales no pudo ser comprobada.
La auditoría detectó que en varios casos la propia funcionaria habría concentrado distintas etapas del procedimiento administrativo, interviniendo en la solicitud, tramitación y autorización de pagos sin los controles internos habituales.
Además, se encontraron deficiencias documentales que impidieron reconstruir con claridad el recorrido de los fondos públicos y corroborar si efectivamente fueron destinados a los fines para los cuales habían sido solicitados.
Las irregularidades detectadas
El primer expediente auditado corresponde a un anticipo de 7.837.500 pesos. Allí se observaron faltas de autorizaciones jerárquicas, ausencia de fundamentos que justificaran el uso del mecanismo excepcional de adelanto de fondos y carencia de documentación bancaria que acreditara pagos a proveedores.
En un segundo expediente, por 5.660.000 pesos, los auditores advirtieron un esquema similar. Entre las observaciones figuran facturas con descripciones genéricas, ausencia de remitos, falta de constancias sobre servicios efectivamente prestados y documentación considerada insuficiente para acreditar la utilización de los recursos.
El tercer expediente involucra otros 7.810.000 pesos. En este caso, se detectaron inconsistencias en la justificación de los gastos, falta de autorizaciones administrativas y ausencia de documentación respaldatoria que permitiera vincular los desembolsos con necesidades concretas del área.
Intervención del Tribunal de Cuentas y la Justicia
Tras detectar las irregularidades, la Coordinación de Administración Financiera rechazó las rendiciones presentadas, declaró la responsabilidad administrativa de la ex funcionaria y remitió las actuaciones al Tribunal de Cuentas.
Paralelamente, la Fiscalía de Estado impulsó la denuncia penal para que la Justicia determine si las anomalías corresponden a incumplimientos administrativos o si existió una maniobra deliberada destinada a desviar fondos públicos.
Desde el Gobierno provincial señalaron que la presentación judicial se enmarca en la política de fortalecimiento de los mecanismos de control y transparencia en la administración pública.
Ahora será la Justicia la encargada de analizar la documentación reunida durante la auditoría y establecer si existen responsabilidades penales derivadas del manejo de los más de 21 millones de pesos que quedaron bajo sospecha
