La Justicia de Río Negro le impuso una multa superior a los 32 millones de pesos al consorcio de empresas Dinale-Pecam por abandonar la construcción de la Ciudad Judicial de Cipolletti y no cumplir con los plazos acordados en el contrato. El fallo, dictado por el Juzgado Contencioso Administrativo N°13 de Viedma, también rechazó el intento de las constructoras de frenar los intereses de la deuda. Mientras tanto, el gigantesco edificio sigue siendo símbolo de una obra interminable que arrastra casi nueve años de demoras, contratos caídos y costos millonarios.
La resolución judicial volvió a poner bajo la lupa uno de los proyectos públicos más demorados y conflictivos de Río Negro. La estructura de hormigón que debía convertirse en el gran polo judicial del Alto Valle Oeste y terminó transformándose, con el paso del tiempo, en una postal repetida para los vecinos de Cipolletti: obreros que desaparecían, trabajos paralizados y una mole gris que parecía no avanzar nunca.
Además, el juez Julián Fernández Eguía rechazó la impugnación presentada por las empresas rosarinas Dinale y Pecam, que intentaban cuestionar la liquidación realizada por la Fiscalía de Estado. Con esa decisión, quedó firme en primera instancia la millonaria sanción económica contra las constructoras.
En el fallo, el magistrado ratificó que para calcular los intereses debía aplicarse la denominada tasa “Machin”, utilizada por el Superior Tribunal de Justicia para las deudas en mora dentro de la provincia. Traducido al lenguaje cotidiano: las empresas deberán pagar no solamente la multa, sino también los intereses acumulados por el incumplimiento.
Pero detrás de la sanción judicial aparece una historia mucho más grande. La Ciudad Judicial de Cipolletti lleva casi una década de frustraciones. El primer contrato se firmó en mayo de 2017 con la empresa DAL Construcciones, de Chaco. En aquel momento, la obra costaba cerca de 300 millones de pesos y tenía un plazo de ejecución de 900 días corridos.
Sin embargo, los retrasos comenzaron rápidamente. Las demoras se acumularon, aparecieron problemas en la ejecución y finalmente el gobierno provincial decidió rescindir el contrato. Luego, la responsabilidad pasó al Superior Tribunal de Justicia, que volvió a licitar el proyecto.
Así fue como en diciembre de 2019 ingresó el consorcio integrado por Pecam y Dinale. La expectativa era destrabar definitivamente una obra clave para concentrar las dependencias judiciales del Alto Valle Oeste en un único edificio moderno. Pero el escenario volvió a repetirse.
Con el correr de los meses, el ritmo de trabajo empezó a caer de manera alarmante. Los plazos vencieron y el avance quedó muy lejos de lo comprometido. Finalmente, el 18 de octubre de 2023, el STJ decidió rescindir también ese segundo contrato por incumplimientos y extrema lentitud en la ejecución.
El dato más impactante aparece al comparar los números. Lo que hace nueve años costaba 300 millones de pesos hoy demandará casi 14 mil millones para finalizar apenas el 30 por ciento restante. La inflación, las paralizaciones y los reiterados fracasos administrativos dispararon el costo de una obra que parecía no tener fin.
Actualmente, el complejo judicial presenta alrededor de un 70% de avance de obra civil. Mientras tanto, el Poder Judicial volvió a apostar por una nueva etapa licitatoria para intentar terminar el edificio de una vez por todas.
La nueva adjudicación quedó en manos de la Roque Mocciola S.A., de General Roca, por un monto cercano a los 13.986 millones de pesos. Según fuentes judiciales, la firma ya se encuentra trabajando en el lugar. Es la misma empresa que terminó por iniciativa privada la Ciudad Judicial de Roca inaugurada en 2008, después de casi 30 años paralizada. Esta empresa fue la que presentó la oferta más elevada.
Además, una etapa clave vinculada a la energización integral fue adjudicada en febrero de 2025 a la empresa Energía Controlada.
