La Legislatura de Río Negro rechazó este lunes el proyecto que proponía prohibir el cierre de escuelas y residencias educativas en localidades de hasta 2.000 habitantes. La discusión se dio en la comisión de Cultura, Educación y Comunicación Social, donde participaron legisladores, funcionarios del Ministerio de Educación, gremios y representantes de comunidades originarias.
Los impulsores de la iniciativa, Magdalena Odarda y Fabián Pilquinao (Vamos con Todos), denunciaron que desde 2012 existe una política “sistemática y silenciosa” de cierre de escuelas hogares y residencias rurales en parajes como Ramos Mexía, Cerro Alto, Sierra Colorada y Mencué, lo que vulnera el derecho humano a la educación. “Estas escuelas son mucho más que un edificio: garantizan alimento, abrigo y conectividad en emergencias”, sostuvieron.
En representación del Ministerio de Educación, las funcionarias Marcela Strahl, Romina Procoppo y Paula Quesada, junto con legisladores de JSRN como Norberto Moreno, defendieron la política de cierres transitorios, argumentando que responden a la falta de matrícula por la disminución de población en zonas rurales.
El legislador Facundo López (JSRN) planteó que “no se le puede quitar al Ministerio la facultad técnica y administrativa de decidir cuándo abrir o cerrar un establecimiento basándose en criterios pedagógicos”, por lo que consideró inviable una ley que prohíba cierres absolutos.
Desde el Ministerio se explicó que las residencias fueron reemplazadas por 27 anexos de Escuelas Secundarias Rionegrinas rurales virtuales y escuelas de jornada completa, con el objetivo de evitar el desarraigo y mantener a los niños cerca de sus familias, garantizando transporte y alimentación diaria.
El gremio docente UnTER respaldó el proyecto, señalando que las residencias son vitales para familias vulnerables, donde los niños dependen de la escuela para alimentarse. Por su parte, el Parlamento Mapuche denunció que los cierres violan el Convenio 169 de la OIT y la Constitución, ya que las comunidades originarias no fueron consultadas sobre medidas que afectan su cultura e identidad.
Tras un extenso debate, el proyecto fue rechazado por mayoría, dejando en evidencia la tensión entre la defensa de la participación comunitaria y la postura oficial de mantener criterios técnicos para la apertura o cierre de establecimientos.
