Los legisladores radicales Lorena Matzen y Ariel Bernatene presentaron un proyecto de ley para crear el Programa de Asistencia Alimentaria destinado a mujeres vulnerables (PROMUVU), con el objetivo de brindar un resguardo económico a madres que, tras separarse por situaciones de violencia de género, quedaron a cargo exclusivo de sus hijos sin percibir cuota alimentaria ni asignaciones familiares.
“El proyecto aborda una problemática silenciosa pero devastadora: la violencia económica post-separación”, señalaron los autores, advirtiendo que muchos progenitores eluden de manera pública y notoria sus obligaciones de manutención como forma de castigo. De esta manera, remarcaron, el ciclo de violencia machista se prolonga en el tiempo y obliga a las madres a recorrer dependencias judiciales en búsqueda de recursos básicos para sostener a sus familias.
La iniciativa también pone en evidencia que en numerosos casos las mujeres no pueden acceder a la Asignación Universal por Hijo (AUH) ni a las asignaciones del Sistema Único de Asignaciones Familiares (SUAF), porque los menores figuran registrados por el progenitor trabajador en actividad, quien retiene esos fondos sin destinarlos a los niños.
El proyecto encuentra respaldo en un estudio realizado en el Alto Valle por la especialista en género Flavia Ayelén Jara Arévalo, que advierte sobre la creciente “feminización de la pobreza”. El informe señala que las mujeres enfrentan una doble sobrecarga: asumir casi en exclusividad el cuidado de los hijos y, al mismo tiempo, insertarse en un mercado laboral que las ubica en desventaja, con mayores índices de desempleo y empleos de menor calidad. A nivel nacional, la violencia económica y patrimonial es el segundo tipo de violencia más denunciado, solo superado por la psicológica.
El PROMUVU propone otorgar a las beneficiarias una asistencia económica mensual equivalente al valor de la AUH durante cuatro meses, como un refuerzo familiar transitorio mientras se tramita la restitución del aporte alimentario en el ámbito judicial o institucional. La autoridad de aplicación será Desarrollo Humano, que conformará un equipo técnico especializado para evaluar admisiones, realizar seguimiento de casos y cruzar datos con organismos como ANSES, SENAF, el Poder Judicial y organizaciones sociales. El financiamiento se incorporará al presupuesto anual del ministerio.
Con esta propuesta, los legisladores buscan dar respuesta a una problemática que afecta directamente a la vida cotidiana de miles de mujeres y niños en la provincia, visibilizando la violencia económica como una forma persistente de desigualdad y proponiendo un mecanismo de asistencia que garantice derechos básicos mientras se resuelven los procesos judiciales.
