El bloque CC ARI Cambiemos presentó en la Legislatura de Río Negro un proyecto de ley destinado a reforzar el cumplimiento del Calendario de Vacunación Obligatoria en niños. La propuesta tiene como objetivo garantizar el derecho a la salud, prevenir el resurgimiento de enfermedades erradicadas y consolidar la responsabilidad colectiva en materia de salud pública.
La iniciativa subraya que la vacunación ha sido uno de los mayores avances de la humanidad, permitiendo erradicar o controlar enfermedades que durante siglos provocaron epidemias devastadoras. En Argentina, la vacunación es considerada un bien social, obligatoria, gratuita y prioritaria para la salud pública, tal como lo establece la Ley Nacional 27.491, vigente desde 2018 y reglamentada en 2023.
El legislador Javier Acevedo, autor del proyecto, sostuvo que “vacunarse y vacunar a los niños es una obligación para sí mismo y para con los demás. No hacerlo es una alta irresponsabilidad social. No nos encontramos ante una oposición ideológica, opinable o de conciencia sino frente al incumplimiento de normas constitucionales y una Ley Nacional”.
Desde el bloque advirtieron sobre una preocupante baja en los niveles de vacunación infantil, particularmente en niños en edad de ingreso escolar. En algunas localidades de Río Negro, durante 2024, el cumplimiento del calendario obligatorio descendió al 80%, lejos del 95% recomendado para garantizar la inmunidad comunitaria.
En este contexto, la propuesta retoma antecedentes judiciales y normativos, entre ellos un fallo dictado en 2024 por el Juzgado de Familia de Roca, que ordenó la vacunación obligatoria de un recién nacido, priorizando el interés superior del niño y la salud pública por sobre la negativa de los progenitores. Asimismo, se destacan los casos de Mendoza y Córdoba, donde ya se aprobaron iniciativas similares.
El proyecto establece que todo agente público provincial que tome conocimiento fehaciente de la falta de vacunación obligatoria en un niño deberá informar al Ministerio de Salud. A partir de allí, la autoridad sanitaria deberá implementar estrategias para revertir la situación y, en caso de persistir la negativa de los responsables, dar intervención a la Defensoría de Menores y al Juzgado de Familia correspondiente.
Además, la iniciativa prevé sanciones económicas para padres, tutores o responsables que incumplan, con multas que no podrán ser inferiores al 20% del Salario Mínimo Vital y Móvil, y que podrán duplicarse en caso de reincidencia. En situaciones de insolvencia, se contempla la realización de trabajo comunitario en el ámbito de la salud pública.
“El derecho a la salud de niños no puede quedar librado a decisiones individuales que ponen en riesgo a toda la sociedad”, remarcó Acevedo, subrayando que la vacunación no es una opción personal sino una responsabilidad parental y un deber colectivo.
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