La polémica volvió a explotar en Río Negro después de la presentación de un proyecto de ley que busca prohibir definitivamente la caza deportiva en toda la provincia. La iniciativa apunta directamente contra los cotos de caza habilitados y sostiene que la actividad provoca “sufrimiento innecesario” sobre animales silvestres convertidos en trofeos para turistas extranjeros dispuestos a pagar miles de euros.
La autora del proyecto es la legisladora Magdalena Odarda, quien propuso avanzar hacia un modelo de protección integral de la fauna y reconocer a los animales como “seres sintientes”. Además, el texto cuestiona la mirada tradicional que considera a la fauna como un recurso económico o una forma de entretenimiento.
Actualmente funcionan 14 establecimientos habilitados para la caza deportiva en Río Negro y, según se detalla en el proyecto, forman parte de un circuito internacional extremadamente rentable. “En estos recintos privados, la matanza de fauna silvestre para obtener trofeos mueve cifras exorbitantes, llegándose a abonar sumas de hasta 3.500 euros por pieza cazada”, denunció Odarda.
Pero además del debate ético, el proyecto encendió otra alarma: la falta de controles del Estado. Según los datos oficiales incorporados al expediente, la provincia cuenta apenas con cinco guardafaunas y tres vehículos para fiscalizar todos los cotos habilitados y las áreas naturales protegidas. Desde la Subsecretaría de Fauna advirtieron que esa situación genera un fuerte riesgo ambiental y operativo.
Entre las especies que podrían verse afectadas aparecen animales emblemáticos y protegidos de la Patagonia, como el Huemul, el Pudú y el Puma. “La falta de fiscalización incrementa significativamente el riesgo biológico”, señalaron desde el área provincial.
Además, el texto legislativo cuestiona que la fauna silvestre termine convertida en un negocio privado y recuerda que los animales “constituyen un bien natural común que pertenece a toda la sociedad”. En ese contexto, la iniciativa sostiene que premiar la violencia contra los animales no es compatible con los nuevos estándares de protección ambiental y bienestar animal.
Mientras tanto, el proyecto ya abrió una fuerte discusión en Río Negro. De un lado quedaron organizaciones ambientalistas y proteccionistas que celebran el intento de cerrar los cotos de caza. Del otro, sectores vinculados al turismo cinegético defienden una actividad que mueve millones.
