La política de ajuste impulsada por el gobierno nacional avanza sobre la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social y genera alarma en la región. La crisis se profundizó con la decisión del Ministerio de Capital Humano, bajo la gestión de Sandra Pettovello, de eliminar la presencia territorial del organismo en todo el país y despedir a 1.600 agentes.
La CGT Río Negro Zona Atlántica expresó preocupación por el desmantelamiento de las agencias territoriales, señalando que la medida compromete la estabilidad laboral de cientos de trabajadores y afecta gravemente el funcionamiento de organismos claves en la defensa de derechos.
En particular, la agencia de Viedma cumple tareas esenciales para ocho municipios de la zona, como la rúbrica de libros laborales, el registro y control de asociaciones sindicales, la homologación de acuerdos y la intervención en conflictos colectivos. La reducción de equipos limita la capacidad estatal para detectar y sancionar el trabajo no registrado, debilitando la protección de derechos básicos.
Las agencias territoriales no son simples oficinas administrativas: representan la presencia efectiva del Estado Nacional en el territorio. Intervienen en conflictos laborales, tramitan personerías gremiales y acuerdos, y protegen a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de explotación. Su cierre, advierte la central obrera, constituye una destrucción progresiva del Estado y un grave perjuicio para la comunidad.
En Bariloche, la noticia provocó angustia entre los trabajadores de la delegación local, que esperan directivas oficiales sobre el cierre. La delegación brindó durante años herramientas para mejorar el trabajo y la producción en la Zona Andina, llegando incluso a localidades alejadas como Comallo y Pilcaniyeu. “Estas dependencias no son meramente administrativas: al cerrarlas se abandona la defensa de derechos laborales que estaban garantizados”, consideraron.
El cierre no solo debilita la protección de los trabajadores, sino que deja a muchas familias sin ingresos de un día para otro, afectando su acceso a salud, alimentos y educación. Desde la CGT y distintos sectores sindicales se reafirmó el compromiso con la defensa de los derechos laborales y se exigió la recuperación urgente de los recursos necesarios para garantizar el pleno funcionamiento de las agencias territoriales. La continuidad de estos organismos, sostienen, es indispensable para preservar la nación y el bienestar social.