El mensaje es directo y apunta al bolsillo de quienes manejan de manera irresponsable. En Río Negro, los conductores que provoquen choques alcoholizados, drogados o cometiendo infracciones graves deberán hacerse cargo de todos los gastos que genere el operativo sanitario y médico. La ley ya fue promulgada y el Gobierno provincial comenzará a aplicarla una vez finalizada la reglamentación.
La iniciativa fue impulsada por el legislador provincial Fernando Frugoni, quien confirmó que el Estado podrá recuperar los costos del sistema público de salud utilizados en cada siniestro vial provocado por conductores en infracción. La medida funcionará por vía administrativa y será independiente de las causas penales o civiles que puedan abrirse tras el accidente.
“Todo el sistema de salud que se mueve alrededor de ese siniestro se le cobrará al responsable”, explicó el diputado durante una entrevista en “Mañanas en Red”. Y el alcance no es menor: incluirá desde el combustible de las ambulancias hasta las horas de trabajo de médicos, enfermeros, choferes y personal de emergencias.
Además, también se contabilizarán los insumos utilizados durante la asistencia en la calle y en los hospitales públicos. Es decir, cada operativo tendrá un costo económico concreto para quien haya manejado bajo efectos del alcohol, drogas o haya realizado maniobras consideradas de extrema gravedad, como cruzar un semáforo en rojo.
La norma llega en medio de una creciente preocupación por los siniestros viales graves registrados en rutas y ciudades de Río Negro, muchos de ellos vinculados al consumo de alcohol. En varios casos, los accidentes demandan enormes despliegues sanitarios que terminan siendo afrontados por el Estado provincial.
Pero la ley va más allá de la conducción en estado de ebriedad. El artículo segundo incorpora un listado de conductas irregulares graves que también quedan alcanzadas por la norma: no respetar la luz roja del semáforo, conducir a mayor velocidad de la permitida o de forma temeraria, y manejar sin licencia habilitante o con la licencia vencida.
Por otra parte, Frugoni aclaró que no habrá una tarifa fija. El monto dependerá de la complejidad del operativo, la cantidad de personas asistidas y los recursos utilizados. Sin embargo, advirtió que las cifras pueden ser muy elevadas. La ley también endurece la situación de quienes intenten esquivar los controles.
En cuanto al cobro, la Provincia avanzará primero contra la obra social del conductor responsable. Si no logra recuperar el dinero, irá contra la aseguradora y, finalmente, contra el propio involucrado. Y ahí aparece uno de los puntos más duros de la norma: el Estado podrá iniciar acciones legales para cobrar la deuda, incluyendo embargos sobre bienes, cuentas o salarios de quienes provoquen el siniestro.
