Los antiguos CAINA de Río Negro pasaron a llamarse Casas Abrigo como parte de una reforma integral del sistema provincial de protección de derechos. El cambio no apunta solamente a modificar una denominación: busca transformar el modelo de atención de niñas, niños y adolescentes que, por situaciones excepcionales, deben ser separados temporalmente de su grupo familiar, con espacios centrados en el cuidado, la contención, la escucha y la restitución de derechos.
La transformación fue presentada recientemente en Ingeniero Jacobacci y constituye una de las primeras acciones concretas de la nueva mirada que la Provincia pretende implementar sobre estos dispositivos. La idea es dejar atrás una concepción estrictamente institucional y avanzar hacia lugares que se parezcan más a un espacio de cuidado y acompañamiento.
“Hablar de Casa Abrigo no es solamente cambiar un nombre: es expresar el modelo de cuidado que queremos construir”, explicó la subsecretaria de Medidas de Protección Excepcional de Derechos, Ayelén Ramírez. Y agregó: “Queremos que sean lugares cuidados, amorosos y respetuosos de las trayectorias de vida de cada niño, niña y adolescente”.
Pero, ¿qué son concretamente las Casas Abrigo? Son espacios destinados a brindar alojamiento y protección temporal a niñas, niños y adolescentes cuando, por circunstancias excepcionales y por disposición de la autoridad competente, deben ser separados de manera transitoria de su grupo familiar.
Antes de llegar a una Casa Abrigo, la Provincia prioriza otras alternativas de cuidado familiar. En primer lugar se busca que el niño, niña o adolescente pueda permanecer con integrantes de su familia ampliada. Cuando esa posibilidad no existe, también se contempla el Programa Familias Rionegrinas Solidarias. Solo cuando esas alternativas no son posibles se dispone el acogimiento residencial.
Además, durante la permanencia en estos espacios se busca garantizar derechos básicos y fundamentales. Esto incluye el acceso a salud, educación, recreación, deporte e información, pero también el derecho de cada niño y adolescente a ser escuchado y a participar en las decisiones relacionadas con su vida cotidiana.
El nuevo modelo también plantea modificar la manera de resolver los conflictos dentro de estos espacios. Las pautas de convivencia deberán construirse colectivamente y se priorizarán el diálogo, la resolución pacífica de los problemas y las medidas de reparación con un sentido reflexivo y pedagógico, procurando que niñas, niños y adolescentes tengan una participación activa.
