La seccional Andino Sur de ATE Río Negro denunció este viernes una situación crítica que pone en riesgo la continuidad del Centro de Atención Integral para la Niñez y la Adolescencia (CAINA) en El Bolsón, un dispositivo clave para la protección de infancias en situación de vulnerabilidad. Según el gremio, el Gobierno de Río Negro no renovó el contrato de alquiler del inmueble, vencido en septiembre de 2024, lo que mantiene al espacio en una situación irregular e ilegal que podría derivar en un desalojo inminente. La falta de respuestas oficiales y las versiones sobre un posible cierre del dispositivo encendieron las alarmas en el ámbito sindical y comunitario.
“Las faltas de respuesta hacen presumir que desde el gobierno provincial apuntan a su cierre”, advirtió Sandra Contreras, secretaria general de ATE Andino Sur. La dirigente remarcó que el conflicto no solo afecta a los trabajadores que quedarían desafectados, sino que representa un retroceso grave en materia de derechos de las infancias. “No son un número, estamos hablando de una estructura que da cobijo, acompaña, resguarda y protege a niñeces en situaciones de extrema vulnerabilidad”, sostuvo.
El CAINA de El Bolsón funciona como un hogar de tránsito para niños víctimas de abusos sexuales, negligencias graves o violencias que ponen en riesgo su vida, y que por orden judicial no pueden permanecer en sus hogares. El dispositivo brinda alojamiento, alimentación, acompañamiento escolar y sanitario, y sobre todo, un espacio de cuidado amoroso y contención emocional. Su cierre implicaría la pérdida de una herramienta de respuesta inmediata las 24 horas, en una región que abarca no solo El Bolsón, sino también Mallín Ahogado, El Foyel, Villegas, El Manso, Ñorquinco y Río Chico.
Desde ATE señalaron que la secretaria de Niñez, Adolescencia y Familia, Roxana Cullumilla, habría manifestado internamente la intención de cerrar el dispositivo, mientras que el ministro de Desarrollo Humano, Juan Muena, aseguró desconocer la situación. Esta contradicción entre funcionarios provinciales profundiza la incertidumbre y alimenta la sospecha de una estrategia deliberada de desmantelamiento. El gremio exige una respuesta urgente y pública por parte del Ejecutivo rionegrino, y advirtió que profundizará las medidas de fuerza si no se garantiza la continuidad del CAINA.
La seccional Andino Sur de ATE se encuentra en estado de alerta, asamblea permanente y movilización en la sede local de la SENAF, y convocó a organizaciones sociales, referentes comunitarios y legisladores a sumarse al reclamo. “Cerrar el CAINA sería condenar al abandono a las infancias más vulneradas de la región”, expresó Contreras. El gremio también evalúa acciones legales para frenar un eventual desalojo y preservar el funcionamiento del dispositivo, que ha demostrado ser esencial en la red de protección de derechos de la niñez en la zona andina.