La Legislatura de Río Negro avanzó con una medida que impacta de lleno en el bolsillo y la vida cotidiana: quedó aprobada la ley que prohíbe cortar servicios públicos esenciales como luz, gas y agua potable a personas en situación de vulnerabilidad, en un escenario donde cada factura pesa como una mochila de plomo.
Detrás de esta decisión hay un diagnóstico crudo. En el recinto se habló sin rodeos de una crisis que no da tregua: salarios que no alcanzan, jubilaciones que apenas cubren lo básico y un costo de vida que no para de subir. En ese combo explosivo, miles de familias quedaron al límite, obligadas a hacer cuentas imposibles a fin de mes.
Qué establece la norma sancionada por la Legislatura rionegrina
En ese contexto, la nueva norma establece un paraguas de protección hasta el 31 de diciembre de 2027. Pero no se queda solo en eso. Amplía el alcance para incluir a quienes ganan por debajo de la canasta básica y a hogares donde hay personas con discapacidad, un sector especialmente golpeado por los aumentos.
Además, la ley introduce cambios que buscan cortar con la burocracia. Por un lado, habilita un acceso más simple mediante declaración jurada, tanto presencial como digital. Por otro, obliga a las empresas a ofrecer planes de pago que no ahoguen aún más a los usuarios, con cuotas que no superen un porcentaje razonable de la factura.
Pero hay más. Si una familia ya sufrió el corte, el servicio deberá ser restablecido en un plazo máximo de 48 horas y sin cobrar reconexión. En paralelo, la normativa fija sanciones para las empresas que no cumplan. Es decir, no se trata solo de una declaración de buenas intenciones: hay herramientas concretas para hacerla cumplir.
“La crisis no puede seguir recayendo sobre quienes menos tienen. El acceso a la luz, el gas y el agua no es un lujo, es un derecho básico que el Estado debe garantizar. Esta ley es una respuesta concreta, urgente y de estricta justicia social”, sostuvo la impulsora de la iniciativa la legisladora provincial Magdalena Odarda, del Bloque Vamos con Todos.
La iniciativa también tuvo un fuerte respaldo de organizaciones sociales y de derechos humanos, que vienen alertando hace tiempo sobre el impacto de la crisis en los sectores más frágiles.
