La pulseada institucional en Allen escaló a su punto más crítico. Mientras la ordenanza que suspendió al intendente Marcelo Román quedó operativa tras su publicación en el Boletín Oficial municipal y el Concejo Deliberante bloqueó la posibilidad de que fuera vetada, el primer jefe comunal libertario del país decidió llevar la pelea al máximo nivel judicial. Lejos de resignarse al desplazamiento, presentó un conflicto de poderes ante el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro, que ahora deberá definir si el Legislativo avanzó sobre atribuciones exclusivas del Ejecutivo o actuó dentro de las facultades que le concede la Carta Orgánica.
En ese escenario apareció un actor clave: el procurador general Jorge Crespo. Su dictamen no resolvió quién tiene razón, pero sí marcó el camino que seguirá la causa. El jefe de los fiscales sostuvo que el planteo de Román debe tramitar como un verdadero conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante, por lo que corresponde que sea el Superior Tribunal de Justicia, en instancia originaria y exclusiva, el que tome la decisión final.
La oposición votó por su suspensión
La crisis institucional se desató luego de que el Concejo aprobara la Ordenanza 44/2026, mediante la cual resolvió suspender preventivamente a Román sin percepción de haberes mientras avanza la causa penal en la que fue imputado, y designó en su reemplazo al presidente del cuerpo deliberativo. Desde el primer momento, el intendente rechazó la medida y denunció que el Legislativo había invadido competencias propias del Poder Ejecutivo.
Pero Román fue un paso más allá. Además de cuestionar la constitucionalidad de la ordenanza y del artículo 109 de la Carta Orgánica, intentó vetar la norma que lo suspendía. Según expuso en la demanda, dictó la resolución correspondiente dentro del plazo legal, aunque el Concejo Deliberante se negó a recibir la documentación y posteriormente rechazó darle trámite. Ese episodio se convirtió en uno de los ejes centrales de la disputa porque, para el intendente, implicó impedirle ejercer una facultad exclusiva del Poder Ejecutivo.
El procurador Crespo incorporó ese hecho al análisis y consideró que forma parte del mismo conflicto institucional. Sin embargo, evitó pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión o sobre la validez de la ordenanza. Su dictamen se limita a sostener que existe una controversia real entre dos poderes del Estado municipal y que esa discusión debe ser resuelta por el Superior Tribunal.
En otras palabras, el Procurador no avaló la postura de Román ni tampoco convalidó la decisión del Concejo. Lo que hizo fue reconocer que la disputa excede una simple impugnación administrativa y alcanza la estructura institucional del municipio, al discutirse si un poder avanzó sobre facultades reservadas al otro.
La cautelar con la que el intendente buscaba recuperar inmediatamente el cargo ya había recibido un primer revés cuando fue rechazada durante la feria judicial, por lo que el conflicto continuará ahora por la vía principal.
El próximo movimiento será del Superior Tribunal de Justicia. Los jueces deberán decidir primero si efectivamente existió un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante. Y, al ingresar al fondo del caso, también podrán analizar la constitucionalidad del artículo 109 de la Carta Orgánica, la legalidad de la Ordenanza 44/2026 y si el procedimiento utilizado para suspender al intendente respetó las reglas institucionales del municipio. De ese fallo dependerá no sólo el futuro político de Marcelo Román, sino también el alcance de las facultades que tienen los concejos deliberantes para desplazar preventivamente a un intendente sometido a una investigación penal.
¿Por qué lo suspenden?
La Ordenanza 044/2026 dispone la suspensión preventiva y precautoria del jefe comunal hasta que exista una sentencia definitiva en la causa penal que lo tiene imputado. Además, establece que durante ese período no percibirá dieta, salario ni ningún otro concepto económico vinculado al ejercicio de la función pública.
Con el respaldo de los cinco concejales de la oposición y apoyados en un dictamen elaborado por el asesor legal del cuerpo, la mayoría avanzó con la suspensión del intendente mientras se sustancia el proceso judicial que lo involucra. Del otro lado, los tres votos oficialistas rechazaron la medida y denunciaron que la decisión vulnera la Carta Orgánica Municipal.
El pasado 18 de junio, la jueza Natalia González formuló cargos contra Román por peculado y administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, al considerar que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación. La maniobra que gira alrededor de un teléfono celular adquirido con dinero municipal que habría terminado en manos de un particular.
El caso comenzó a tomar forma tras una denuncia impulsada por integrantes del Tribunal de Cuentas local, quienes advirtieron irregularidades vinculadas a la compra y utilización de un Samsung A34 adquirido con fondos de la comuna. Un aparato que en el mercado, tiene un valor actualizado de unos 300 mil pesos.
