La Universidad Nacional del Comahue (UNCo), a través de una declaración aprobada por unanimidad en la última sesión del Consejo Superior, expresó su rechazo al proyecto de Ley de Tierras impulsado por el Gobierno nacional, al considerar que "atenta contra la soberanía territorial, la protección ambiental, los bienes estratégicos y los derechos sociales de la población".
"El estímulo a la extranjerización y a la concentración de bienes comunes agrava la dependencia económica, fomenta la fuga de divisas, vulnera los derechos de acceso a la tierra de los pueblos originarios, campesinos y sectores populares, y configura una pérdida sustantiva del control de nuestra soberanía e integridad territorial", sostiene el pronunciamiento, que fue tratado y aprobado durante la sesión del Consejo Superior realizada el 29 de julio.
En otro tramo del documento, la UNCo sostiene que "la estructura de propiedad y distribución de la tierra en la Argentina presenta una desigualdad histórica signada por el despojo y el genocidio de los pueblos originarios". Además, señala que, según datos del Observatorio de Tierras del Programa Interdisciplinario de Historia Agraria de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, el cinco por ciento de la superficie continental argentina se encuentra actualmente en manos de capitales extranjeros.
El documento precisa que esas 13 millones de hectáreas se concentran principalmente en zonas estratégicas del país, como áreas de frontera, la ribera del río Paraná, nodos logísticos clave, regiones con potencial minero, territorios con cursos de agua en zonas frías, acuíferos de importancia estratégica y extensas superficies de bosques nativos.
"Esta distribución no es azarosa, sino que se inscribe en un contexto de disputa geopolítica por los recursos estratégicos en países periféricos, donde priman presiones financieras, bélicas y lógicas de subordinación económica, en particular por parte de las grandes potencias", advierte el texto.
Finalmente, el Consejo Superior sostuvo que "las universidades argentinas, las instituciones de ciencia y técnica y otros organismos públicos que contribuyen al desarrollo nacional independiente de potencias extranjeras y empresas multinacionales deben aportar al análisis crítico y al debate público desde el conocimiento científico, frente a toda política pública que atente contra la soberanía nacional, los derechos humanos y los pueblos que habitan el territorio".
