La investigación por la sucesión de hechos de vandalismo denunciados en la Universidad Nacional del Comahue tuvo este viernes un nuevo capítulo. En una audiencia virtual con la Fiscalía Federal, el rector de la UNCo, Christian Lopes, ratificó la denuncia presentada por la institución y la Justicia pidió que se incorporen elementos concretos para avanzar con el expediente.
El pedido apunta a reunir fotografías, videos y datos de contacto de personas que fueron agredidas o que puedan aportar información sobre los episodios denunciados. La Universidad se comprometió a entregar ese material próximamente, con el objetivo de aportar elementos que permitan reconstruir lo ocurrido e identificar a los responsables.
La audiencia representa así un paso adelante en una causa que busca determinar si los distintos ataques registrados en dependencias universitarias forman parte de una misma secuencia y establecer quiénes participaron de los hechos.
Qué deberá aportar la Universidad
Durante el encuentro, la Fiscalía Federal solicitó documentación y material audiovisual relacionado con los episodios. Entre las pruebas que serán incorporadas se encuentran registros fotográficos y videos, además de contactos de integrantes de la comunidad universitaria que fueron víctimas de agresiones o que presenciaron alguno de los hechos.
La presentación de estos elementos será clave para darle sustento a la denuncia y permitir que la investigación avance sobre los distintos episodios registrados durante las últimas semanas.
Desde la Universidad habían advertido que los hechos no podían ser considerados únicamente como daños materiales. En la denuncia, la institución sostuvo que se trató de acciones que afectaron espacios vinculados con la memoria, el patrimonio y las expresiones culturales de la comunidad universitaria.
Una denuncia por cuatro episodios
La UNCo había acudido a la Fiscalía Federal de Primera Instancia de Neuquén el 27 de julio para pedir que se investigara una serie de hechos ocurridos entre junio y julio. Además, solicitó que se adoptaran medidas cautelares destinadas a proteger los espacios afectados.
El escrito fue presentado por el rector Christian Lopes y describió cuatro episodios que, según la Universidad, deben ser analizados en conjunto.
El primero ocurrió el 26 de junio, cuando se produjo una agresión verbal contra una exsecretaria Académica de la UNCo mientras, de manera simultánea, era arrancada una bandera perteneciente al gremio nodocente.
El segundo episodio estuvo relacionado con el daño realizado a un mural del Ernesto Che Guevara realizado por estudiantes. A ese hecho se sumó posteriormente un episodio de hostigamiento en redes sociales contra una trabajadora docente que había intervenido cuando se produjo la vandalización.
El ataque al edificio Noemí Labrune
El episodio más reciente y uno de los más graves ocurrió durante la noche del 24 de julio, cuando dos personas con los rostros cubiertos ingresaron al edificio Noemí Labrune, perteneciente a la Facultad de Humanidades.
Según la denuncia, los atacantes cubrieron con pintura imágenes de estudiantes desaparecidos y desaparecidas durante la última dictadura militar, además de intervenir una placa dedicada a la doctora honoris causa Noemí Labrune y representaciones de la bandera del Pueblo Mapuche.
También realizaron distintas inscripciones en edificios de la Universidad, entre ellas expresiones de contenido político y ofensivo dirigidas contra distintos sectores, tales como «Maldonado puto»; «Zurdos de mierda»; «Palestinos de mierda» y «Viva Milei».
Para la UNCo, el ataque trascendió el daño material. La institución planteó que la vandalización de estos espacios también implicó una afectación a bienes simbólicos vinculados con la historia, la identidad y la memoria de la comunidad universitaria.
“La vandalización de murales, placas conmemorativas, espacios de memoria y expresiones artísticas pertenecientes a la Universidad no constituye únicamente un daño al patrimonio institucional, sino también una afectación a bienes culturales y simbólicos que representan la historia, la identidad y los valores compartidos por la comunidad universitaria”, expresa la denuncia.
La posición de la Universidad
Al ratificar la denuncia, Lopes sostuvo la postura institucional expresada en el escrito presentado ante la Justicia Federal: las diferencias políticas, ideológicas o culturales no pueden convertirse en una justificación para actos de intimidación, hostigamiento o destrucción.
La Universidad también planteó que este tipo de situaciones resultan incompatibles con la convivencia democrática y con el funcionamiento de una institución pública basada en el intercambio de ideas.
Ahora, con la ratificación de la denuncia y el pedido de nuevas pruebas, la investigación queda a la espera de los elementos que aportará la UNCo. Con ese material, la Fiscalía deberá avanzar en la reconstrucción de los episodios y determinar las responsabilidades que pudieran corresponder.
