La fiscalía de Delitos Económicos formuló cargos contra seis integrantes de la Cooperativa Viento Sur de Neuquén. La misma es acusada de defraudar al estado y malversar fondos destinados a la compra de herramientas y capacitaciones por $1.341.400.640. También fueron imputados funcionarios del gobierno de Omar Gutiérrez por no controlar el destino de los mismos.
Uno de los imputados por este caso, apuntado por usar los fondos para fines personales entre los que aparecen la compra de vehículos y terrenos en diversas localidades del sur de Neuquén es Diego Mauro, que habló en exclusiva con AM550 en el tanque informativo de La Primera Mañana con Pancho Casado.
"No es verdad que los fondos fueron al Partido Obrero, tenemos todo para demostrarlo", se defendió el acusado. Junto a él también fueron imputados como coautores Sonia Elizabeth Barrios y Lilian Larroza Velázquez; mientras que como partícipes quedaron la exdiputada Gabriela Suppicich, Ruth Valencia Beksabe Navarrete y Federico Gabriel Sánchez.
"No usamos esa plata para cuestiones personales. La misma fiscalía plantea que eso se gastó en el pago a compañeros, la compra de herramientas y las capacitaciones", sentenció Mauro que explicó: "Nunca nos pidieron una rendición, lo que tenemos nosotros también lo tiene la Justicia. Vamos a demostrar todo lo que hicimos y hacemos desde hace 12 años".
El dinero recibido por la cooperativa Viento Sur deviene de un programa del Ministerio de Desarrollo Social que buscaba impulsar la capacitación laboral de integrantes de organizaciones sociales. Razón por la cual la Justicia tiene en la mira también a Ricardo Soiza, ex director de Planes Sociales, el ex coordinador Provincial, Tomás Siegenthaler y el ex ministro de Desarrollo Social Abel Di Luca. El otro, será el exministro de esa cartera, German Chapino.
Compra de vehículos y terrenos para la Cooperativa Viento Sur
"Cuando se emitían esos pagos sabíamos que iban destinados a capacitaciones. A nuestra forma de ver las cosas y según acordamos con el gobierno, no se puede capacitar a 700 personas sin un sueldo y sin comprar herramientas", explicó.
Dentro de las cuestiones que se acusan a la cooperativa, además de la malversación de fondos, se incluye la compra de vehículos y de terrenos en diversos puntos de la provincia. Algo que para la fiscalía y el Estado Provincial está visto como un claro ejemplo de beneficio de la cooperativa sobre los fines de capacitación que tenían los mismos fondos.
"Si, es verdad que compramos terrenos en San Martín y Junín de los Andes. Se los acercamos a la fiscalía. Hay compañeros que trabajan ahí y los capacitamos en cabañas de la zona", explicó el hombre en referencia a los espacios que figuran bajo el nombre de la cooperativa.
Además, Mauro cargó contra la decisión de imputar al personal de la Cooperativa: "Es parte de una intención política. ¿Por qué a nosotros y nunca a los empresarios o a los subsidios que se dan?".