A 39 meses de la muerte de Pablo Córdoba, la causa que investiga lo ocurrido en el Grupo de Artillería 16 de Zapala tendrá un nuevo movimiento judicial. Dos exjefes militares de esa unidad deberán prestar declaración indagatoria el próximo miércoles 9 de septiembre, en el marco de una investigación por el presunto encubrimiento de lo ocurrido con las grabaciones de las cámaras de seguridad del cuartel.
Los citados son los tenientes coroneles Isidro Germán Green y Rafael Enrique Lamas, quienes ya habían sido imputados en junio de 2024. La nueva medida vuelve a colocar bajo la lupa la actuación de las autoridades militares durante las primeras horas posteriores a la muerte del soldado y, especialmente, qué ocurrió con las imágenes que podían aportar información para reconstruir sus últimos movimientos.
La investigación por el presunto encubrimiento es una línea diferente de la causa principal, que actualmente está caratulada como homicidio y busca determinar quién o quiénes fueron responsables de los disparos que terminaron con la vida de Córdoba.
Qué pasó con las cámaras del cuartel
Uno de los interrogantes centrales que deberá responder la Justicia es por qué las imágenes de las cámaras de seguridad del predio militar no pudieron ser incorporadas al expediente.
De acuerdo con los antecedentes de la causa, las grabaciones fueron solicitadas durante las primeras actuaciones. Sin embargo, la respuesta se demoró y el pedido tuvo que ser reiterado. Cuando finalmente se pudo acceder al material, las imágenes correspondientes al período que interesaba para la investigación ya no estaban disponibles.
El motivo informado fue el funcionamiento del propio sistema de almacenamiento: las cámaras trabajaban mediante un mecanismo de sobregrabación, por lo que los registros más antiguos habían sido reemplazados.
La hipótesis que se investiga respecto de Green y Lamas apunta a establecer si, por sus funciones y responsabilidades dentro de la estructura militar, ambos conocían la existencia del sistema de cámaras y el tiempo limitado durante el cual podían conservarse las imágenes.
La indagatoria del 9 de septiembre buscará avanzar sobre esas circunstancias.
La citación, sin embargo, no implica una condena ni significa que los dos militares estén acusados de haber cometido el homicidio. La investigación sobre ellos se relaciona con el presunto encubrimiento, mientras que la autoría de la muerte de Córdoba continúa siendo investigada por separado.
La mañana en que Pablo Córdoba fue encontrado con dos disparos
Pablo Córdoba tenía 21 años y era soldado voluntario. Durante la madrugada del 1 de junio de 2023 se encontraba cumpliendo una guardia en el Grupo de Artillería 16 de Zapala cuando fue encontrado gravemente herido. Había recibido dos disparos en la cabeza, una circunstancia que desde el comienzo convirtió la reconstrucción de lo ocurrido en uno de los principales desafíos de la investigación.
Durante las primeras horas se manejó la posibilidad de que se tratara de un suicidio. De hecho, Green fue quien se comunicó con la Policía Federal alrededor de las 7.10 de aquella mañana y, según consta en los antecedentes del expediente, informó inicialmente que un soldado “se habría quitado la vida”. Con el avance de las pericias, esa hipótesis comenzó a ser cuestionada.
Las pericias que alejaron la hipótesis del suicidio
Uno de los elementos más relevantes surgió de los estudios forenses realizados sobre el cuerpo de Córdoba. Según la autopsia y posteriores análisis médicos incorporados a la investigación, cualquiera de las dos heridas tenía capacidad para provocar la muerte y, luego del primer disparo, el joven habría quedado imposibilitado de realizar movimientos conscientes.
También fueron realizados estudios sobre el fusil FAL que tenía asignado el soldado. El arma fue encontrada con el selector colocado en posición de repetición. En esa modalidad, para efectuar un segundo disparo es necesario liberar completamente el gatillo antes de volver a accionarlo.
Los peritajes realizados sobre el fusil, además, no detectaron una falla mecánica que pudiera explicar por sí sola la secuencia de disparos. Estos elementos llevaron a que la investigación se apartara de la hipótesis inicial y pasara a tramitarse bajo la carátula de homicidio. Pero la gran pregunta continúa sin respuesta: quién disparó y qué ocurrió realmente dentro del cuartel durante aquella madrugada.
La huella que apareció en el cargador
Entre los elementos que también fueron incorporados al expediente aparece una huella digital parcial encontrada en el cargador del fusil. El rastro fue detectado durante una pericia realizada por Gendarmería. En un primer momento, la huella fue considerada insuficiente para realizar un cotejo debido a que no reunía las condiciones necesarias de integridad y nitidez. Posteriormente, la familia de Pablo Córdoba informó que se retomaron estudios sobre ese elemento y sostuvo que el rastro no correspondería al joven.
Otro de los puntos analizados fue el comportamiento del cargador. Las pericias establecieron que no podía desprenderse simplemente por un golpe o por efecto de la gravedad, sino que era necesario accionar los mecanismos correspondientes del arma.
Cada uno de estos elementos forma parte de una investigación que intenta reconstruir una secuencia que todavía presenta interrogantes.
El otro eje: qué hicieron las autoridades militares
La investigación sobre Green y Lamas se ubica precisamente en ese contexto. Green estaba al frente del Grupo de Artillería 16 de Zapala al momento de la muerte de Córdoba. Lamas, en tanto, era jefe de la Base de Apoyo Logístico de la ciudad y, además, superior jerárquico del padre de Pablo, el suboficial principal Juan José Córdoba Salto.
Sus responsabilidades dentro de la estructura militar son uno de los aspectos que forman parte del análisis judicial sobre el tratamiento que tuvieron las pruebas después del hecho.
La demora en la entrega de las grabaciones y la posterior imposibilidad de recuperar las imágenes del período investigado constituyen uno de los puntos que la Justicia busca esclarecer.
Este dato no es menor ya que las cámaras podían haber permitido reconstruir movimientos dentro del predio militar y aportar información sobre quiénes estuvieron en determinados sectores durante las horas en las que ocurrió el hecho.
Una investigación que atravesó cambios
La causa por la muerte de Pablo Córdoba también atravesó cambios en su conducción judicial y fuertes cuestionamientos por parte de la familia.
El juez federal Hugo Horacio Greca dejó en marzo de 2025 la subrogancia del Juzgado Federal de Zapala. Posteriormente, la investigación quedó bajo responsabilidad del juez Ezequiel Humberto Andreani.
Durante estos tres años, la familia reclamó en reiteradas oportunidades que se profundizara la investigación sobre las circunstancias de la muerte y que se determinaran eventuales responsabilidades vinculadas con la preservación y pérdida de elementos que podían resultar relevantes como prueba.
La causa, además, fue modificando su eje a partir de los resultados de las distintas pericias: de una primera hipótesis que contemplaba el suicidio se pasó a investigar un posible homicidio.
La declaración de Green y Lamas puede aportar información sobre uno de los capítulos más controvertidos del expediente: qué ocurrió con las pruebas durante las primeras horas y quién tomó las decisiones respecto de su preservación.
Mientras tanto, la investigación principal continúa sin identificar al autor o autores de los dos disparos que provocaron la muerte del soldado.
A más de tres años del hecho, la causa vuelve a poner el foco sobre lo ocurrido dentro del cuartel de Zapala y sobre una pregunta que permanece abierta: qué pasó realmente con Pablo Córdoba durante aquella madrugada y quién fue responsable de su muerte.
