La causa de los certificados médicos truchos que involucra a 119 empleados públicos de Río Negro sumó otro capítulo de demoras. Después de más de dos años de investigación, el expediente cambia de escenario: deja Viedma y continuará en los juzgados de Roca y Cipolletti. El fiscal Juan Pedro Peralta apelará la decisión y la formulación de cargos vuelve a quedar en suspenso.
El caso salpica a policías, agentes penitenciarios y docentes, distribuidos en seis legajos. La sospecha es que habrían presentado certificados médicos falsos para justificar ausencias laborales, cobrar sus salarios y evitar los descuentos por los días que no trabajaron.
Para el Ministerio Público Fiscal, detrás de esa maniobra podrían esconderse dos delitos: fraude a la administración pública y uso de documento falso. Sin embargo, pese al tiempo transcurrido desde el inicio de la investigación, todavía no se formalizó la acusación contra los involucrados.
El cambio de jurisdicción fue impulsado por las defensas. Sus abogados sostuvieron que los certificados se habrían presentado en Roca y Cipolletti, donde también viven buena parte de los investigados. Mantener el expediente en Viedma, advirtieron, complicaba las entrevistas personales, la preparación de las estrategias defensivas y la producción de pruebas.
El juez de Garantías Adrián Dvorzak rechazó que los magistrados de Viedma carezcan de competencia territorial, pero consideró que había motivos para que la causa siguiera en las ciudades donde se habrían cometido los hechos. Para el magistrado, el derecho de defensa no puede quedar condicionado por la distancia ni depender exclusivamente de las comunicaciones virtuales.
La Fiscalía y la querella, representada por la Fiscalía de Estado, se opusieron al traslado. Argumentaron que el presunto perjuicio económico afectó a la administración provincial, con sede en Viedma, y que buena parte de la investigación ya se había realizado desde allí. Pese a esos planteos, el juez ordenó remitir las actuaciones a los foros correspondientes. Los allanamientos, los secuestros de teléfonos y computadoras y los peritajes conservarán su validez.
Ahora Peralta buscará revertir la decisión mediante una apelación. Si el traslado queda firme, el fiscal capitalino seguirá al frente de la acusación, aunque cambiará la intervención de los defensores oficiales de la Primera Circunscripción Judicial.
