La Justicia de Río Negro dio el primer paso formal en una causa que amenaza con convertirse en uno de los mayores escándalos vinculados al empleo público provincial. Una médica, su marido y más de 100 efectivos de la Policía de Río Negro quedaron bajo investigación por el presunto uso de certificados médicos falsos y una maniobra que habría generado un importante perjuicio económico a las arcas provinciales. La denuncia fue presentada en junio de 2024 por el gobernador Alberto Weretilneck a través de la Fiscalía de Estado.
La audiencia se realizó ayer en Viedma y tenía como objetivo avanzar con la formulación de cargos. Sin embargo, la enorme cantidad de personas involucradas obligó al juez Adrián Dvorzak a modificar el esquema previsto. Debido a que gran parte de los acusados participó de manera virtual desde distintas localidades de la provincia, el magistrado resolvió dividir el proceso en grupos de 20 personas para garantizar que cada imputado conozca con precisión los hechos que se le atribuyen.
La investigación apunta a una presunta estructura basada en la utilización de certificados médicos apócrifos para justificar inasistencias laborales. Según se informó, las irregularidades comenzaron a surgir a partir de controles impulsados por la Secretaría de la Función Pública, que detectó patrones repetidos y situaciones llamativas vinculadas a licencias médicas otorgadas a agentes estatales.
Además, las auditorías permitieron identificar casos que encendieron todas las alarmas dentro del Gobierno provincial. Entre ellos apareció la emisión masiva de certificaciones médicas y situaciones que derivaron en denuncias penales y sumarios administrativos. Los organismos de control sostienen que existía un mecanismo que facilitaba licencias de manera indiscriminada, generando un fuerte impacto sobre el funcionamiento de distintas áreas estatales.
El caso adquiere una dimensión todavía más sensible porque involucra a miembros de la fuerza policial. La sospecha es que más de un centenar de efectivos habrían utilizado documentación irregular para justificar ausencias laborales. Si las acusaciones logran acreditarse durante la investigación, la maniobra no sólo habría afectado las finanzas públicas, sino también la capacidad operativa de una institución encargada de brindar seguridad a la población.
Ahora la causa ingresa en una etapa decisiva. Con más de 100 policías, una profesional médica y su esposo bajo la lupa, la Justicia deberá determinar si efectivamente existió una maniobra organizada para utilizar certificados falsos y obtener beneficios indebidos. Mientras tanto, el expediente ya se convirtió en uno de los procesos más voluminosos y sensibles de los últimos tiempos en Río Negro, con posibles consecuencias penales, administrativas y económicas para todos los involucrados.
