La investigación por el presunto uso de certificados médicos falsos para justificar faltas laborales y cobrar los salarios completos sumó una nueva batalla judicial. La Defensa Pública cuestionó que la causa se tramite en Viedma y pidió que intervengan los tribunales del Alto Valle, al sostener que los hechos atribuidos a los imputados habrían ocurrido principalmente en General Roca y Cipolletti. La Fiscalía rechazó el planteo y pidió que el expediente continúe en la Primera Circunscripción Judicial.
El planteo se realizó durante la primera de una extensa serie de audiencias en las que la Fiscalía buscará formular cargos a una parte de las 119 personas investigadas. La defensora pública María Paz Alvarez sostuvo que, según la acusación, cada persona habría presentado un certificado médico para justificar inasistencias y percibir la totalidad de sus haberes. Según la Defensa, esos documentos eran retirados de un domicilio de General Roca que fue allanado durante la investigación.
La estrategia de la Defensa apunta directamente al lugar donde habrían ocurrido los hechos. Alvarez sostuvo que, aunque no en todos los casos está precisado dónde se presentó cada certificado, su utilización se habría producido principalmente en localidades del Alto Valle. También señaló que allí estaban el consultorio, la médica y la persona que presuntamente gestionaba los certificados, mientras que en esa misma región se habría producido la acreditación de los salarios.
Para la Defensa, tanto el supuesto uso de documentación falsa como la presunta defraudación estarían vinculados territorialmente con el Alto Valle. También remarcó que allí se realizaron allanamientos, se obtuvo parte de la evidencia y se encuentran testigos relacionados con la investigación. Además, advirtió que mantener el expediente en Viedma, a más de 500 kilómetros para muchos de los involucrados, podría afectar el derecho de defensa y el principio del juez natural.
La Fiscalía, integrada por Juan Pedro Peralta y Francisco Marano, sostuvo una postura completamente diferente. Argumentó que la competencia de los jueces se extiende a toda la provincia y destacó que el supuesto perjuicio económico habría recaído sobre la administración pública provincial, cuya sede está en Viedma. También señaló que los imputados viven en distintas localidades y que, por sus funciones, incluso pueden ser trasladados, por lo que sus domicilios no definirían dónde debe tramitarse la causa.
La acusación también defendió cómo se realizó la investigación. Explicó que buena parte del procesamiento de la evidencia se llevó adelante en Viedma, con intervención de especialistas en informática y profesionales contables del Ministerio Público, y que solo quedaría pendiente una pericia caligráfica. La Fiscalía de Estado, que participa como querellante, se sumó a esa posición y sostuvo que cambiar de jurisdicción provocaría demoras y afectaría la economía del proceso.
Ahora la decisión quedó en manos del juez de Garantías Adrián Dvorzak, quien anticipó que resolverá las excepciones procesales una vez que finalicen todas las audiencias previstas, en principio el 9 de octubre. Los encuentros continuarán los días 24, 25, 28 y 30 de septiembre y 5, 7, 8 y 9 de octubre. Recién después de que esas resoluciones queden firmes y se determine qué juez debe intervenir podrán comenzar a concretarse las formulaciones de cargos contra las personas investigadas.
