La polémica por la llegada de Adrián Grau a la Convención Constituyente de Bariloche sumó un nuevo capítulo y amenaza con convertirse en un problema institucional de mayor dimensión. La Defensora del Pueblo, Mariana Minuth, lo denunció ante el Tribunal de Contralor por una presunta violación de las normas de ética pública y pidió que se investigue su conducta, se evalúe un apartamiento preventivo y hasta la posibilidad de que deje de ocupar su banca. El escándalo, que comenzó con sus publicaciones reivindicatorias de la dictadura y estalló durante el acto de jura, ahora pone bajo la lupa su continuidad como convencional.
La presentación de Minuth no apunta solamente al comportamiento político de Grau ni a las repercusiones que generaron sus expresiones públicas. El planteo busca encuadrar su conducta dentro de la Ordenanza 2554-CM-14, que establece los principios y obligaciones éticas para quienes ejercen funciones públicas en el ámbito municipal. Una normativa que también alcanza a los representantes elegidos por el voto popular.
El episodio que terminó de empujar el conflicto ocurrió el jueves 12 de noviembre, durante la ceremonia de jura de los convencionales. En medio de los abucheos y los cuestionamientos que recibió desde el público, Grau respondió con un gesto obsceno, levantando el dedo mayor hacia quienes lo repudiaban. La escena quedó registrada y profundizó una controversia que ya había adquirido repercusión política y nacional.
Sin embargo, para la Defensoría el problema no termina en una provocación durante una ceremonia pública. Minuth considera que el comportamiento del convencional podría configurar un incumplimiento de las obligaciones que impone el régimen de ética pública. Por eso solicitó la intervención del Tribunal de Contralor, con el objetivo de que analice los hechos y determine si corresponde avanzar con medidas que pueden comprometer su permanencia en el cargo.
El pedido tiene dos componentes particularmente sensibles. Por un lado, la Defensoría pretende que se evalúe el apartamiento preventivo de Grau mientras se sustancia la investigación. Por otro, plantea que se analice la posibilidad de disponer el cese de sus funciones si se comprueba una infracción a las disposiciones vigentes. No es un detalle menor: la discusión dejó de ser exclusivamente política y ahora tiene un escenario administrativo e institucional.
Pero hay una diferencia fundamental que deberá tenerse en cuenta. La denuncia no significa que Grau haya perdido su banca ni que exista una resolución que determine su responsabilidad. Lo que existe es una presentación formal que reclama una investigación y pone sobre la mesa la eventual aplicación de consecuencias previstas en la normativa municipal.
La situación, además, tiene otros antecedentes que explican por qué el caso se convirtió en una verdadera piedra en el zapato para la Convención. Antes de asumir, Grau había quedado en el centro de las críticas por publicaciones en redes sociales en las que reivindicaba la figura del dictador Jorge Rafael Videla y justificaba la represión de la última dictadura militar. Esas expresiones provocaron el rechazo de organismos de derechos humanos y motivaron una denuncia de la APDH ante la Justicia por presunta apología del delito.
A ese frente se sumó el tratamiento dentro de la propia Convención Constituyente. Los convencionales avanzaron con la conformación de una comisión investigadora para analizar el caso, mientras también se discutió la posibilidad de apartarlo preventivamente. La controversia, por lo tanto, ya no transita por un solo carril: hay cuestionamientos judiciales, una investigación dentro del cuerpo constituyente y ahora una presentación de la Defensoría ante el Tribunal de Contralor.
El nuevo capítulo también tiene una lectura política inevitable. Grau llegó a la Convención en el sexto lugar de la lista de la alianza Estamos Haciendo Bariloche, el espacio impulsado por el intendente Walter Cortés y respaldado por el gobernador Alberto Weretilneck. Su desembarco, que ya había generado fuertes cuestionamientos, terminó convirtiéndose en un problema que excede largamente al propio convencional.
Ahora el Tribunal de Contralor deberá analizar la presentación y definir los pasos que correspondan dentro de sus competencias. La Defensoría pidió celeridad, teniendo en cuenta que la Convención tiene un plazo limitado para desarrollar su tarea. Mientras tanto, la incógnita central sigue abierta: si las conductas denunciadas pueden tener consecuencias concretas sobre la continuidad de Grau.