El juez de la Cámara Civil de Roca Dino Daniel Maugeri quedó alcanzado por una medida judicial que le ordena abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores contra una vecina. La resolución fue firmada por la jueza de Familia Ángela Sosa, pero el expediente tiene una particularidad que difícilmente pase inadvertida: la secretaria del organismo que intervino es Carla Maugeri, hija del magistrado alcanzado por la medida.
La resolución fue dictada el 22 de septiembre en un expediente que se inició en 2022 y que llegó a la Justicia a partir de un conflicto de convivencia entre vecinos. De acuerdo con ANR, el caso quedó radicado en la Unidad Procesal de Familia 17 de Roca y la jueza Ángela Sosa dispuso, hasta tanto se incorpore el informe final del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), que Maugeri se abstenga de mantener conductas que puedan resultar molestas o perturbadoras hacia la mujer.
Pero en medio de esa resolución aparece un dato que le agrega una particularidad al expediente: la Secretaría de la Unidad Procesal de Familia 17 está a cargo de la Dra. Carla Maugeri, hija del camarista. La designación de la funcionaria en el organismo fue oficializada por el Poder Judicial de Río Negro en abril de 2025.
La medida, de todos modos, tiene alcances concretos y no debe confundirse con una prohibición de acercamiento. La resolución establece que el camarista debe abstenerse de realizar actos molestos o perturbadores mediante contacto directo, telefónico o virtual. También enumera como ejemplos llamadas, mensajes, correos electrónicos, contactos por redes sociales, persecuciones, intimidaciones, amenazas o vigilancia. La propia resolución aclara que esa enumeración describe el alcance de la medida y no significa que todas esas conductas hayan sido atribuidas al juez.
El expediente tampoco concluyó que se tratara de un caso de violencia de género. Según surge de las actuaciones, la mujer había recurrido a la Justicia denunciando una situación de esas características, pero la intervención del ETI no encontró elementos para encuadrar el conflicto de esa manera. El caso fue encaminado hacia el Juzgado de Paz para continuar su tratamiento como un conflicto vecinal.
Y el origen de la disputa tiene cuestiones bastante más domésticas: cámaras de seguridad, mascotas y el manejo de los residuos aparecen entre los temas que fueron alimentando el conflicto entre los vecinos desde 2022.
Ahora bien, la resolución no es una cuestión menor para el camarista. La jueza Sosa dejó expresamente establecido que el incumplimiento de la medida puede derivar en una investigación por el delito de desobediencia a la autoridad, previsto en el artículo 239 del Código Penal. La propia resolución advierte que la medida permanecerá vigente hasta que existan elementos que permitan modificarla.
La decisión, además, puede ser apelada dentro de los cinco días posteriores a su notificación. Mientras tanto, el expediente mantiene vigente una situación particularmente llamativa: un juez de Cámara quedó sometido a una medida judicial dictada por un organismo cuya Secretaría está a cargo de su propia hija.
El expediente sigue abierto y todavía resta incorporar el informe final del ETI. Por eso, más allá del impacto que genera que el involucrado sea un integrante de la Cámara Civil de Roca, los alcances de la medida y las circunstancias definitivas del conflicto todavía están sujetos a lo que surja de las actuaciones.
