En un hecho sin precedentes en la Argentina, el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro salió con los tapones de punta contra los abusos de la inteligencia artificial. Por acordada autoriza sanciones para abogados, peritos y técnicos que presenten escritos con jurisprudencia inventada, un escándalo que estalló en Roca y dejó al desnudo cómo algunos letrados intentan engañar a los jueces con atajos digitales.
El caso que detonó la bomba fue casi de película. Un vecino de Roca denunció a una automotriz y a su concesionaria por un auto de alta gama que falló desde el primer día. Hasta ahí, todo dentro de lo común. Pero cuando los jueces revisaron los escritos, encontraron algo insólito: 26 antecedentes judiciales que jamás existieron. Veinte de ellos presentados por el abogado del denunciante, y los seis restantes, por el defensor de la empresa.
Los magistrados olieron el fraude, fueron directo a la biblioteca judicial y al archivo del Superior Tribunal, y confirmaron lo peor: las citas eran humo. Frente a las evidencias, los abogados balbucearon excusas increíbles: que hubo un “error de pluma” o que consultaron mal una revista doctrinaria. Pero en los pasillos de tribunales nadie tiene dudas: las presentaciones fueron escritas con inteligencia artificial generativa, que suele inventar datos como si fueran ciertos.
La reacción fue fulminante. La Cámara Civil de Roca les bloqueó los honorarios, pidió la intervención del Colegio de Abogados y encendió todas las alarmas. El Superior Tribunal tomó nota y amplió el protocolo de buenas prácticas del 2024: desde ahora, la IA sólo podrá ser un apoyo, nunca reemplazar la verificación humana, y cualquier desvío podrá costar sanciones severas. Incluso, los colegios profesionales tendrán que tratar estos casos en sus tribunales de ética y disciplina.
Lejos de demonizar la tecnología, la Justicia rionegrina aclaró que la IA ya se usa en distintos fueros para agilizar trámites, redactar borradores y ordenar expedientes. Pero puso un límite contundente: fabricar jurisprudencia es un delito ético y una traición al derecho de defensa. “No es un error menor: inventar fallos hace perder tiempo a los jueces, confunde a las partes y pone en riesgo la confianza en el Poder Judicial”, remarcaron los camaristas.
Con esta decisión, Río Negro se convirtió en la primera provincia del país en marcar la cancha frente a un problema mundial. En otras palabras: acá no hay espacio para “fallos fantasma” fabricados por una máquina. Y quienes lo intenten, ya saben: la sanción puede ser mucho más dura que un simple tirón de orejas.
