El Gobierno de Alberto Weretilneck prepara un decreto para ponerle un límite a las retenciones que sufren los empleados públicos de Río Negro por préstamos y deudas con mutuales, sindicatos y entidades financieras. La medida podría comenzar a impactar en los salarios de noviembre, pero todavía no hay un porcentaje definido. En paralelo, la Provincia busca que los acreedores renegocien montos y plazos para intentar aliviar el ahogo financiero de miles de estatales.
El problema dejó de ser una cuestión individual para convertirse en una preocupación de alcance provincial. El año pasado, el Ministerio de Hacienda informó a la Legislatura que casi 19.000 agentes del Poder Ejecutivo tenían descuentos a favor de 14 entidades autorizadas. El número representa aproximadamente un tercio del personal estatal y expone la dimensión de un mecanismo que, en muchos casos, termina llevándose una porción sustancial del sueldo antes de que el dinero llegue al bolsillo del trabajador.
La situación llegó a un punto crítico: según lo informado por Hacienda, hay empleados cuyos ingresos quedan fuertemente comprometidos por la acumulación de retenciones e incluso se registran liquidaciones netas de cero. Es decir, trabajadores que pueden encontrarse con el sueldo prácticamente absorbido por los descuentos.
El ministro de Hacienda, Gabriel Sánchez, trabaja sobre tres líneas de acción. La primera será restablecer un límite a las retenciones mediante un decreto que el Gobierno esperaba formalizar durante octubre. La referencia es una norma de 2018 que fijaba un máximo del 50%, aunque aquel régimen nunca llegó a aplicarse efectivamente y fue derogado en 2020. Esta vez, el desafío oficial será convertir el anuncio en una regla concreta y evitar que los descuentos vuelvan a desbordar la capacidad de pago de los empleados.
Pero el tope, por sí solo, no resolverá las deudas que ya se acumularon. Por eso, Hacienda inició contactos con mutuales, sindicatos y entidades financieras para impulsar convenios de renegociación. La intención es que los acreedores acepten revisar los montos y extender los plazos de pago, con pautas generales acordadas con la Provincia. Sin embargo, las negociaciones serán individuales y voluntarias para cada agente.
En ese escenario, el Gobierno apuesta a que las propias entidades acepten revisar los créditos ante el crecimiento de la morosidad. También tiene una herramienta para presionar: la posibilidad de suspender los códigos de descuento para nuevas operaciones a quienes no acepten revisar las condiciones de endeudamiento. La medida podría convertirse en una pieza clave de la negociación, porque esos códigos permiten cobrar las cuotas directamente de las liquidaciones salariales. La adhesión de los acreedores y la firma de los convenios durante octubre serán determinantes para saber hasta dónde llegará el plan.
El tercer eje será crear un centro de autorización de endeudamiento para controlar los compromisos financieros de los empleados antes de habilitar nuevos préstamos. La idea es impedir que se acumulen obligaciones por encima de la capacidad de pago y que el sueldo termine convertido en una cadena de descuentos.
