El debate sobre la Ley de Tierras volvió al centro de la escena tras el tratamiento en el Senado del proyecto impulsado por el Gobierno de Javier Milei, que propone eliminar los límites para la compra de tierras rurales por parte de personas y empresas privadas extranjeras. De aprobarse, Argentina pasaría a tener uno de los regímenes más abiertos de Sudamérica para este tipo de inversiones.
Actualmente, la Ley 26.737 establece que los extranjeros no pueden superar el 15% de las tierras rurales del país, de cada provincia ni de cada municipio. También fija un límite equivalente a 1.000 hectáreas en la zona núcleo agrícola y prohíbe adquirir campos ubicados sobre cuerpos de agua permanentes, glaciares y zonas de frontera. Según datos oficiales, alrededor del 6% de las tierras rurales argentinas está hoy en manos extranjeras.
Brasil: uno de los sistemas más restrictivos
Brasil mantiene una de las regulaciones más estrictas de la región. La Ley 5.709/71 establece que las personas y empresas extranjeras no pueden poseer más del 25% del territorio de un municipio, mientras que una misma nacionalidad no puede concentrar más del 10% de esa superficie. El control de estas operaciones está a cargo del Instituto Nacional de Colonización y Reforma Agraria (INCRA).
Uruguay: no prohíbe, pero exige transparencia
En Uruguay, la compra de tierras por extranjeros no está prohibida, aunque la legislación obliga a identificar a los verdaderos propietarios de los inmuebles y a transparentar la composición accionaria de las sociedades que adquieren campos. Además, el Parlamento analiza proyectos para reforzar los controles, especialmente en zonas de frontera.
Paraguay: fuerte presencia de capital extranjero
Paraguay también permite la participación de inversores extranjeros, aunque mantiene regulaciones específicas. Diversos estudios estiman que entre el 14% y el 19% de las tierras pertenecen a propietarios extranjeros y que, en algunos departamentos fronterizos, esa participación alcanza el 60%, principalmente por inversiones brasileñas. Los especialistas señalan que ese escenario responde a un proceso histórico y no a una apertura irrestricta.
Qué propone el proyecto oficial
La iniciativa del Gobierno elimina los topes para personas y empresas privadas extranjeras, pero mantiene controles especiales cuando los compradores sean Estados extranjeros, empresas estatales o sociedades bajo su control, que deberán obtener autorizaciones específicas para concretar operaciones. Desde el Ejecutivo sostienen que la reforma busca incentivar inversiones de largo plazo, especialmente en actividades forestales, sistemas de riego y cultivos permanentes.
