La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un nuevo planteo presentado por siete de los ocho condenados por el crimen de Fernando Báez Sosa, ocurrido en enero de 2020 en Villa Gesell.
La decisión fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que el recurso carecía de fundamentación autónoma y no lograba refutar adecuadamente los argumentos de la resolución que buscaba cuestionar.
El expediente no estaba relacionado directamente con la revisión de las condenas por el asesinato de Fernando, sino con una denuncia penal promovida por los propios acusados contra funcionarios que participaron de las primeras etapas de la investigación.
El planteo había sido impulsado por el abogado Hugo Tomei cuando representaba a Matías Benicelli, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Máximo Thomsen, Blas Cinalli, Ciro Pertossi y Lucas Pertossi.
Qué denunciaron los rugbiers
Los siete condenados cuestionaron las condiciones en las que se realizaron sus declaraciones indagatorias pocas horas después del crimen. Sostuvieron que no habían sido informados correctamente sobre los hechos que se les atribuían ni sobre las pruebas reunidas en su contra.
También objetaron la confección y firma de las actas y señalaron presuntas inconsistencias en los horarios de las declaraciones. Según la defensa, algunos de los intervalos registrados eran demasiado breves para cumplir con todas las formalidades establecidas por el Código Procesal Penal bonaerense.
A partir de esos cuestionamientos, Tomei promovió una denuncia por los presuntos delitos de falsedad ideológica de instrumento público, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegítima de la libertad.
Entre los denunciados se encontraban la fiscal Verónica Zamboni, quien estuvo al frente de la investigación del homicidio; la defensora oficial Verónica Olindi Huespi; otros funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, que había dispuesto la prisión preventiva de los imputados.
Una denuncia que atravesó varias instancias judiciales
La causa tuvo un extenso recorrido. En febrero de 2022, la Cámara de Apelaciones de Dolores admitió que los rugbiers fueran considerados particulares damnificados, lo que les permitió intervenir formalmente en el expediente.
Sin embargo, la denuncia fue posteriormente desestimada por ausencia de dolo. También fueron rechazadas distintas medidas de prueba solicitadas por la defensa.
Tomei cuestionó esas decisiones, recusó a Mancinelli y pidió declarar inconstitucional el mecanismo utilizado para revisar la desestimación, pero sus planteos fueron rechazados.
La discusión llegó posteriormente al Tribunal de Casación Penal bonaerense y a la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires, que en agosto de 2025 rechazó una queja y en abril de este año denegó el recurso extraordinario con el que la defensa buscaba llegar al máximo tribunal nacional.
Ahora, la Corte Suprema cerró ese recorrido al desestimar la presentación por deficiencias en su fundamentación.
Qué pasa con las condenas por el crimen de Fernando
La resolución conocida este miércoles no modifica ni implica una nueva revisión de las penas impuestas por el asesinato de Fernando Báez Sosa. El joven de 18 años fue asesinado a golpes durante la madrugada del 18 de enero de 2020, a la salida del boliche Le Brique, en Villa Gesell.
En febrero de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de Dolores condenó a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Enzo Comelli, Matías Benicelli y Luciano Pertossi a prisión perpetua como coautores del homicidio. Ayrton Viollaz, Blas Cinalli y Lucas Pertossi recibieron penas de 15 años como partícipes secundarios.
En marzo de 2024, la Sala II del Tribunal de Casación Penal bonaerense confirmó las penas, aunque eliminó la agravante de alevosía y mantuvo la correspondiente al concurso premeditado de dos o más personas.
La Corte Suprema ya había rechazado en abril de 2026 otros recursos promovidos por los condenados. La decisión de este miércoles corresponde exclusivamente a la causa iniciada contra los funcionarios judiciales que intervinieron durante las primeras horas de la investigación.
