Una vecina de Laprida, en la provincia de Buenos Aires, obtuvo un fallo favorable contra Mercado Libre y el vendedor de dos portones levadizos que nunca recibió, pese a haberlos pagado en 2023. La sentencia fue dictada el 6 de octubre de 2026 por la jueza Ana Mabel Eseverri, del Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Olavarría.
La condena fijó un capital resarcitorio de $1.843.000, que, con los intereses acumulados y las costas procesales, llevó el monto total a $4.199.284,24. La compradora, Melisa Desancio, había abonado $593.000 por los dos productos a la empresa Portones Next.
El fallo rechazó el argumento de Mercado Libre de que su responsabilidad quedaba limitada por las condiciones de su programa Compra Protegida. La magistrada consideró que los mecanismos de la plataforma generan confianza en los consumidores y que sus plazos internos no impiden reclamar judicialmente por los daños sufridos.
Cómo se distribuye la indemnización de $4,2 millones
La sentencia distinguió entre la devolución del dinero pagado, la reparación por el perjuicio sufrido y la sanción aplicada por la conducta de los demandados.
- Reintegro de la compra. Devolución del precio de los dos portones: $593.000
- Daño moral. Compensación por los perjuicios ocasionados: $250.000
- Daño punitivo. Sanción por la conducta considerada negligente: $1.000.000
- Intereses acumulados. Actualización informada hasta octubre de 2026: $996.333,86
- Costas procesales. Tasas judiciales y honorarios profesionales: $1.359.950,38
- Liquidación total informada: $4.199.284,24
La diferencia entre el precio original y el monto final se explica por los conceptos indemnizatorios, los intereses y los gastos del juicio. El daño punitivo, en particular, busca sancionar conductas graves de proveedores y desalentar incumplimientos similares; no constituye una compensación automática en todos los reclamos de consumo.
La compra se hizo en 2023 y los portones nunca llegaron
Melisa Desancio realizó las dos operaciones durante septiembre y octubre de 2023. El precio total fue de $593.000 y el acuerdo contemplaba el traslado de los portones a un transporte en la Ciudad de Buenos Aires, desde donde debían continuar su recorrido hasta Laprida.
Las entregas se demoraron hasta que la compradora dejó de recibir respuestas. En enero de 2024 acudió a la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC), pero no consiguió una solución satisfactoria.
El conflicto llegó a la Justicia después de que la empresa vendedora cerrara sus actividades en diciembre de 2023. Su titular, Roque Leonardo Berti, negó su responsabilidad y cuestionó los pagos efectuados por Desancio.
Sin embargo, una pericia informática confirmó la autenticidad y aprobación de las dos operaciones en el sistema de Mercado Libre. Esa prueba permitió respaldar las transacciones cuestionadas durante el proceso.
Por qué la Justicia responsabilizó a Mercado Libre
La plataforma sostuvo que actuaba como intermediaria entre compradores y vendedores y que la usuaria no había iniciado el reclamo formal dentro de los 28 días previstos por Compra Protegida. Según su argumento, una vez vencido ese período, los fondos habían sido liberados al vendedor.
La jueza Ana Mabel Eseverri rechazó esa defensa. Consideró que la plataforma no podía desligarse de toda responsabilidad por el funcionamiento del servicio y los perjuicios ocasionados, especialmente cuando sus herramientas generan una expectativa de confianza y protección en los usuarios.
El criterio central del fallo es que las condiciones internas de un programa comercial no eliminan el derecho a acudir a la Justicia. El vencimiento de un plazo de reclamo de la plataforma, por sí solo, no impide que un consumidor solicite una reparación por los daños que atribuye a un incumplimiento.
La decisión tampoco implica que Mercado Libre deba responder automáticamente por cualquier problema con una compra. La responsabilidad depende de las circunstancias del caso, las pruebas y los fundamentos jurídicos de cada sentencia.
Qué cambia para quienes compran por internet
El caso vuelve a poner en discusión el alcance de la responsabilidad de las plataformas de comercio electrónico cuando una compra se concreta, el producto no llega y el vendedor deja de operar.
En Argentina, la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor establece derechos vinculados con la información, el trato digno y el cumplimiento de las obligaciones asumidas por los proveedores. La aplicación de esas normas a cada plataforma depende de los hechos acreditados y del análisis judicial.
Para quienes realizan compras online, el expediente también deja una recomendación práctica: conservar las facturas, los comprobantes de pago, las condiciones de entrega, los mensajes intercambiados con el vendedor y las constancias de los reclamos. Esos documentos pueden resultar importantes si el conflicto llega a una instancia administrativa o judicial.
El caso tiene un antecedente de interés para los consumidores de la región: en otro expediente, la Justicia rionegrina condenó a Mercado Libre y Andreani por un conflicto vinculado con la entrega de un lavavajillas. Allí también se discutió el alcance de la responsabilidad de la plataforma frente a un producto que no llegó a su destinatario.
Qué es el daño punitivo y por qué se aplicó en este caso
El daño punitivo es una sanción económica que puede imponerse en determinadas relaciones de consumo cuando se acreditan circunstancias que justifican una respuesta adicional a la reparación del perjuicio individual.
En el expediente de Desancio, la jueza fijó ese concepto en $1.000.000, al considerar la negligencia y la escasa información brindada a la compradora, según los fundamentos informados del fallo.
Su finalidad no es simplemente devolver el dinero: también busca desalentar conductas graves que puedan repetirse en perjuicio de otros consumidores. Por eso, la existencia de un incumplimiento comercial no garantiza por sí misma que un tribunal conceda esta sanción.
Qué pasará después de la sentencia
El fallo establece que la liquidación deberá hacerse efectiva dentro de los diez días hábiles posteriores a que la sentencia quede firme. Esto significa que el plazo de pago no debe confundirse con los diez días posteriores a la fecha en que se dictó la resolución.
Con la información disponible, no puede confirmarse si la sentencia quedó firme, si hubo una apelación o si el pago ya se realizó. Esos datos son relevantes para establecer el estado procesal actual y determinar si la suma informada continúa pendiente de ejecución.
El próximo paso periodístico será verificar el expediente ante el Juzgado Civil y Comercial N.º 1 de Olavarría y consultar a las partes sobre eventuales recursos y el cumplimiento de la condena.
