Un partido de fútbol amateur entre amigos terminó en una condena millonaria después de que uno de los jugadores golpeara a otro cuando el juego estaba detenido. La Justicia Civil de La Plata consideró que la agresión no formaba parte de los riesgos propios de la actividad deportiva y ordenó pagar una indemnización de $16 millones, más intereses.
El hecho ocurrió el 26 de agosto de 2018, alrededor de las 15, durante un partido disputado en un predio ubicado en 19 y 520, en La Plata. Según quedó acreditado durante el proceso judicial, antes de la agresión había existido un cruce verbal entre los dos jugadores. El partido estaba detenido cuando se produjo el golpe. La víctima recibió un impacto directo en el rostro, cayó al piso y permaneció inconsciente durante algunos segundos. Al recuperar el conocimiento se encontraba mareada y desorientada y tenía sangre en la boca.
Los testimonios incorporados al expediente señalaron que el agresor había mantenido una actitud provocadora durante el partido y que, después del golpe, continuaron los insultos y las amenazas. La víctima fue asistida inicialmente en el lugar y posteriormente trasladada a un hospital de Berisso, donde los médicos constataron un traumatismo maxilofacial y una laceración en la parte interna del labio inferior.
El caso llegó al Juzgado Civil y Comercial N°23 de La Plata, a cargo de la jueza Guillermina Di Luca. Uno de los principales puntos que debió resolver la magistrada fue determinar si la lesión podía considerarse parte de los riesgos que una persona acepta al participar de un partido de fútbol. La respuesta fue negativa. La sentencia estableció que quienes practican fútbol aceptan determinados riesgos propios de la actividad, como golpes o lesiones producidas durante una jugada. Sin embargo, esa aceptación no incluye una agresión deliberada cuando el juego está detenido y el golpe no guarda relación con una acción deportiva.
Por ese motivo, la Justicia consideró que el ataque debía ser tratado como un hecho independiente de la competencia deportiva y atribuyó responsabilidad al jugador que produjo la agresión.
Durante el juicio se realizaron distintas pericias médicas y odontológicas para establecer las consecuencias que había dejado el golpe. Una de las evaluaciones no vinculó con la agresión una alteración de la mordida que fue considerada preexistente, aunque reconoció que un traumatismo de esas características puede provocar dolor, mareos y molestias en la articulación de la mandíbula.
Otra evaluación, realizada por un especialista en la articulación temporomandibular (ATM), detectó un traumatismo en esa zona y lesiones en las partes blandas. El especialista estimó una incapacidad parcial y permanente de entre 10% y 15%, relacionada con dolores y dificultades para masticar.
A partir del conjunto de las pruebas, la jueza consideró acreditado que el golpe había dejado secuelas físicas en la víctima y fijó una indemnización de $12 millones por incapacidad física.
Para determinar ese monto se tuvieron en cuenta, entre otros factores, la edad de la víctima al momento del hecho, su actividad laboral, la práctica deportiva y la manera en que las lesiones repercutieron en su vida cotidiana. La condena también contempló $1 millón por gastos médicos, farmacéuticos y de rehabilitación. La Justicia consideró razonable presumir que una persona que sufrió lesiones de esas características debió afrontar gastos vinculados con su recuperación, aun cuando no todos pudieran ser respaldados con comprobantes.
A ese monto se sumaron $3 millones por daño moral, con lo que la indemnización total quedó establecida en $16 millones a valores actuales.
La sentencia también estableció que deberán aplicarse intereses. La jueza dispuso una tasa pura del 6% anual desde el día de la agresión, el 26 de agosto de 2018, hasta la fecha de la sentencia. A partir de entonces, se aplicará la tasa correspondiente por mora hasta que se concrete el pago.
El fallo marca así una diferencia entre las lesiones propias de una práctica deportiva y aquellas provocadas intencionalmente fuera de una acción de juego. En este caso, la Justicia entendió que la aceptación de los riesgos del fútbol no podía utilizarse para justificar una agresión deliberada.
