La jueza Laura de Marinis defendió la resolución con la que sobreseyó a un adolescente de 14 años acusado de tentativa de robo en la Ciudad de Buenos Aires y sostuvo que, dadas las circunstancias particulares del caso, someterlo al sistema penal resultaba “regresivo” y “estigmatizante”. La magistrada explicó que el joven se encontraba fuera del sistema educativo y atravesaba una situación de vulnerabilidad que, según señaló, recién llegó a conocimiento del Estado a partir de la intervención judicial.
“Aplicar el sistema penal, la respuesta desde el sistema penal, es regresivo para este adolescente, porque es estigmatizante”, afirmó De Marinis durante una entrevista con Radio Con Vos. La jueza agregó que se trataba de un chico que “no fue conocido por el Estado”, que estaba sin educación y sin poder alimentarse, y cuestionó que la primera respuesta estatal frente a esa situación fuera la aplicación de una sanción penal.
El expediente se inició por un hecho ocurrido el 10 de septiembre, cuando un hombre de 47 años denunció que había sido seguido por un grupo de adolescentes que intentaron sustraerle el teléfono celular. El robo no llegó a concretarse y los jóvenes fueron demorados por la Policía. De acuerdo con la información publicada sobre el caso, no hubo lesiones ni bienes sustraídos.
A partir de la situación particular del adolescente, De Marinis declaró la inconstitucionalidad del artículo 1 de la Ley 27.801 respecto de ese expediente y dispuso su sobreseimiento. También ordenó la intervención del Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de que se implementen medidas de acompañamiento familiar, educativo y recreativo.
La magistrada remarcó que su resolución no dejó sin efecto el nuevo Régimen Penal Juvenil en general. Según explicó, se trata de una decisión limitada a las circunstancias del caso que tuvo bajo análisis y no de una suspensión de la ley para todos los adolescentes alcanzados por la normativa.
De Marinis sostuvo además que el proceso penal debe ser la última instancia frente a situaciones que involucran a adolescentes. En la entrevista señaló que incluso una amonestación puede convertirse en un antecedente que posteriormente derive en respuestas judiciales más gravosas.
Consultada específicamente sobre el nuevo régimen, la jueza aclaró que no cuestiona la existencia de la ley como herramienta. Por el contrario, sostuvo que puede servir para trabajar con adolescentes y armonizar su aplicación con la Convención sobre los Derechos del Niño, aunque planteó reparos sobre la aplicación de la nueva edad de punibilidad en determinadas situaciones.
El fallo generó una reacción política e institucional. El jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, anunció que promoverá un pedido de juicio político contra la magistrada por su decisión. De Marinis respondió que las resoluciones judiciales deben ser cuestionadas mediante los mecanismos propios de la Justicia y sostuvo que recurrir a un juicio político por el contenido de una sentencia puede afectar las instituciones.
En paralelo, la Unidad Fiscal Especializada en Materia Penal Juvenil apeló la resolución y pidió que la Cámara revisara el fallo. Los fiscales Mauro Tereszko y Paula Raffa Pirra también solicitaron el apartamiento de De Marinis de la causa.
La controversia se produce pocos días después de otra discusión judicial en torno al nuevo Régimen Penal Juvenil, esta vez en la provincia de Buenos Aires, donde una medida de primera instancia había suspendido temporalmente su aplicación. Posteriormente, la Cámara de Apelación y Garantías de Lomas de Zamora revocó esa decisión y dejó habilitada la implementación de la normativa en territorio bonaerense.
El caso de De Marinis, mientras tanto, continúa su recorrido judicial a partir de la apelación presentada por la Fiscalía. Su resolución permanece circunscripta al adolescente involucrado en ese expediente, mientras la discusión sobre el alcance constitucional del nuevo régimen deberá ser analizada por las instancias superiores.
