El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires busca endurecer las sanciones por distintas contravenciones, con multas que podrían superar los $58 millones y penas de hasta 90 días de arresto en algunos casos de reincidencia. El jefe de Gobierno, Jorge Macri, envió este miércoles a la Legislatura porteña un proyecto de reforma integral del Código Contravencional, que ahora deberá ser debatido por los legisladores.
La iniciativa modifica la Ley 1.472 y la Ley de Procedimiento Contravencional y propone aumentar multas, días de arresto y trabajos de utilidad pública, además de incorporar nuevas contravenciones. Entre los cambios de mayor impacto aparecen las sanciones por conducir bajo los efectos del alcohol.
El proyecto establece multas de entre 1.000 y 6.000 Unidades Fijas (UF), lo que llevaría el máximo por encima de los $7 millones. También contempla entre 5 y 30 días de arresto y la inhabilitación para conducir durante un período de seis meses a cuatro años.
Otro de los puntos centrales alcanza a las actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público. En casos de venta ilegal, las multas podrían llegar hasta las 50.000 UF, equivalentes actualmente a unos $58.654.000. El máximo vigente se encuentra por debajo de los $15 millones, según la información difundida sobre el proyecto.
La reforma también apunta a los denominados “trapitos” y prevé sanciones que pueden alcanzar los 90 días de arresto en situaciones de reincidencia.
Nuevas contravenciones y mayores penas para reincidentes
La propuesta no se limita a aumentar las sanciones existentes. También incorpora conductas que actualmente no se encuentran contempladas específicamente dentro del régimen contravencional porteño.
Entre ellas aparecen el seguimiento o acecho de una persona en la vía pública, la obtención de claves o credenciales mediante engaños digitales, la comercialización de datos personales y la portación de dispositivos destinados a interferir señales.
También se busca sancionar la organización de compraventas informales masivas en espacios públicos y la manipulación fraudulenta de sistemas de cobro o transporte público.
La iniciativa incluye además la suplantación de identidad de agentes de autoridad, el financiamiento de contravenciones reiteradas o agrupaciones contraventoras, la portación o distribución de elementos aptos para provocar disturbios y acciones destinadas a impedir el funcionamiento de los sistemas públicos de videovigilancia.
“Con este nuevo Código que presentamos endurecemos las penas, agravamos la reincidencia y hacemos que el que rompe la ley pague las consecuencias de sus actos”, sostuvo Jorge Macri al presentar la iniciativa.
Uno de los cambios estructurales planteados es la creación de un Registro de Reincidentes en Contravenciones en el Espacio Público. En esos casos, las penas aumentarían progresivamente: 50% ante una primera reincidencia, 66,6% en la segunda y 100% en la tercera. También se propone eliminar la condena en suspenso y, para los adultos, excluir la suspensión del proceso a prueba como alternativa.
Los ruidos molestos son otra de las conductas alcanzadas por la reforma. Para situaciones como música a alto volumen en espacios comunes de edificios, las tareas de utilidad pública pasarían del actual rango de uno a cinco días a uno de tres a 15 días.
Las multas podrían alcanzar las 600 UF, equivalentes a $703.848, y se incorporaría la posibilidad de aplicar hasta diez días de arresto.
Qué propone para los adolescentes
La reforma incluye además un régimen diferenciado para adolescentes de entre 14 y 17 años. Según el proyecto, no se replicará el esquema sancionatorio previsto para los adultos y las medidas estarán orientadas a la responsabilidad, educación e integración social.
Entre las herramientas contempladas aparecen la amonestación formal, intervención de equipos interdisciplinarios, programas educativos, continuidad escolar, capacitación laboral, reparación del daño y tareas de utilidad pública adaptadas a la edad y aptitudes del adolescente. El Gobierno porteño presentó la reforma como parte de su política para incrementar las consecuencias frente a las contravenciones y la reincidencia.
Sin embargo, ninguno de estos cambios se encuentra todavía vigente. El proyecto deberá atravesar ahora el debate en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires antes de convertirse en ley.
