El Ayuntamiento de Roma ha decidido prolongar las restricciones que impiden la apertura de nuevos minimercados, tiendas de delicatessen y comercios de souvenirs en el centro histórico, como parte de una estrategia para combatir el turismo masivo y revitalizar el comercio local.
Esta medida, que extiende una resolución inicial de 2023, estará vigente hasta 2029 y responde a la necesidad de mantener la sostenibilidad urbana y proteger el patrimonio histórico declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1980. En 2024, el centro de Roma recibió 51,4 millones de visitantes, lo que ha provocado una saturación comercial y alteraciones en la calidad de vida de sus habitantes.
Andrea Alemanni, presidente de la Comisión de Comercio y autor de la resolución, enfatizó: “Continuamos nuestra lucha por un comercio de calidad en el centro histórico. Confirmamos la prohibición de nuevas aperturas de minimercados”. Además, señaló que la proliferación de estos negocios afecta negativamente a los residentes, especialmente por la venta de alcohol hasta altas horas y la concentración en zonas privilegiadas.
Criterios estrictos para la apertura de nuevos locales
El nuevo marco regulatorio, respaldado por el Senado y con apoyo judicial, establece criterios estrictos para la apertura de nuevos locales, incluyendo un requisito mínimo de 100 metros cuadrados de superficie para tiendas de alimentación y comercios turísticos. Esta restricción dificulta la entrada de pequeños negocios y limita el tipo de comercio que puede establecerse en el área más concurrida de la capital italiana.
Estas medidas buscan no solo frenar la saturación comercial, sino también garantizar el decoro y la sostenibilidad ambiental del centro histórico, donde los residentes han manifestado su preocupación por el avance de negocios orientados exclusivamente al turismo.
Además, el municipio ha enfrentado desafíos previos relacionados con la gentrificación y el incremento de precios en la oferta gastronómica tradicional. Un ejemplo emblemático fue el llamado ‘Pacto Carbonara’ en 2025, que propuso regular el precio máximo de este plato típico en 12 euros para evitar abusos y proteger tanto a consumidores como a restaurantes.
Luigi Gabriele, presidente de la asociación Consumerismo, explicó que “quien venda una carbonara sobrepreciada y de mal sabor está cometiendo un crimen contra el estómago y la economía”, reflejando la preocupación por mantener la autenticidad y accesibilidad de la gastronomía local ante la presión del turismo.
