El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de la investigación contra el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y el tesorero, Pablo Toviggino, por presuntas maniobras de desvío de fondos y facturación falsa, y ordenó terminar con las medidas de prueba que estaban pendientes.
Un elemento de relevancia dentro del expediente fue el hallazgo de una tarjeta de crédito a nombre de Luciano Pantano, cuya empresa, Real Central SRL, también tiene la propiedad de la casa de Pilar, por lo que se lo investiga como testaferro.
Acorde a lo investigado, la tarjeta está vinculada con gastos relacionados a los vehículos de lujo encontrados en la propiedad. La hipótesis actual que sostiene la Justicia considera que Pantano y Ana Conte, su socia en la firma mencionada, no tendrían un perfil patrimonial compatible con la compra de la mansión de Pilar y los autos, por lo que habrían actuado como testaferros de Toviggino.
Le pertenece
Amarante sostuvo que es de “público conocimiento” que, pese al cambio de sede social de la AFA, la entidad continuó desarrollando su actividad central en la sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los hechos investigados.
Por ese motivo, el Juez calificó como “mera formalidad y ficción jurídica” pretender que la competencia corresponda a los tribunales bonaerenses.
Según el magistrado, priorizar el domicilio social ubicado en el partido de Pilar por sobre el lugar efectivo donde habrían ocurrido las conductas implica desconocer que los hechos presentan una “total desvinculación” con la jurisdicción de Campana.
