La defensa del profesor Walter Herrera pidió al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) la nulidad de la acusación formulada por el Tribunal de Impugnación. La defensa del abogado y profesor de fútbol Dario Mendoza también recurrió a un tribunal pidiendo la prisión domiciliaria para su defendido. Aunque jurídicamente sea un recurso válido dentro del proceso, socialmente vuelve a abrir una herida enorme porque detrás de cada planteo técnico, de cada apelación y de cada estrategia defensiva, hay algo que nunca debería perderse de vista: las víctimas, chicos, familias.
Historias atravesadas por denuncias gravísimas.
En el caso del Jardín 31, Herrera fue condenado por un jurado popular por los delitos de: abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple en contra de alumnas y alumnos de entre 4 y 5 años de edad. Posteriormente un juez de garantías le impuso la pena de 18 años de prisión. El tribunal de impugnación confirmó tanto la decisión del jurado popular como la del juez de garantía. Dicho tribunal descarto incluso las acusaciones de la defensa que integrantes del gabinete de psicología hubieran cometido falso testimonio.
Actualmente la defensa de Herrera interpuso un recurso ante el TSJ que está pendiente de resolución. Con este recurso se busca revocar la decisión del tribunal de impugnación y en definitiva que Herrera quede impune.
El docente del Jardín 31 Walter Herrera fue condenado por un jurado popular por los delitos de: abuso sexual con acceso carnal, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple en contra de alumnas y alumnos de entre 4 y 5 años de edad. Al entrenador de Unión Vecinal acumula acusaciones por abuso sexual, grooming, exhibiciones obscenas y promoción de la prostitución contra menores.
La causa vinculada al entrenador de Unión Vecinal acumula acusaciones por abuso sexual, grooming, exhibiciones obscenas y promoción de la prostitución contra menores. Además, la Justicia fue ampliando cargos a medida que aparecieron nuevos testimonios y pruebas en cámara Gesell. Y ahí aparece la parte más dura de todo esto porque mientras el expediente avanza entre nulidades, impugnaciones y recursos, las víctimas tienen que revivir una y otra vez situaciones profundamente traumáticas. Cada audiencia, cada revisión, cada intento de anular, todo vuelve a poner el dolor sobre la mesa.
Toda persona tiene derecho a defensa. Eso no se discute. El Estado de Derecho justamente se sostiene en garantías procesales. Pero también es cierto que cuando las causas se transforman en una sucesión interminable de recursos, la sociedad empieza a sentir que el sistema judicial se convierte en un laberinto donde nunca llega una respuesta definitiva. Y eso genera desgaste. Desgaste para las víctimas, para las familias, para una comunidad entera que observa con angustia cómo casos gravísimos se prolongan durante meses o años.
Porque en delitos de esta naturaleza, el tiempo también lastima. Cada demora prolonga la incertidumbre, cada discusión técnica vuelve a exponer a quienes denunciaron. Y hay algo más que incomoda, las instituciones porque estos casos no ocurren en el vacío, ocurren en clubes, en espacios donde los padres dejan a sus hijos confiando en que estarán protegidos.
Toda persona tiene derecho a defensa. Eso no se discute. El Estado de Derecho justamente se sostiene en garantías procesales. Pero también es cierto que cuando las causas se transforman en una sucesión interminable de recursos, la sociedad empieza a sentir que el sistema judicial se convierte en un laberinto donde nunca llega una respuesta definitiva. Y eso genera desgaste. Desgaste para las víctimas, para las familias, para una comunidad entera que observa con angustia cómo casos gravísimos se prolongan durante meses o años.
Por eso el impacto social es tan profundo. Porque cuando un chico entra a una cancha debería encontrar deporte, contención y cuidado. No miedo.
Cada recurso judicial puede ser legítimo desde lo técnico pero la Justicia también tiene que entender que detrás de cada foja hay víctimas esperando algo básico: certeza. Porque cuando las causas se vuelven eternas y las discusiones parecen no terminar nunca, el riesgo es que las víctimas terminen sintiendo que el sistema las obliga a sobrevivir al abuso y después también a sobrevivir a la Justicia.
Por último, la comunidad educativa del CPEM 54 se encuentra conmocionada tras conocerse una grave denuncia que involucra a un docente de la institución. Un profesor está siendo investigado luego de que se presentaran al menos dos denuncias en su contra por conductas que vulneran la integridad de una estudiante y de una compañera de trabajo. El detonante principal fue el relato de una alumna cuyos padres lograron confirmar la identidad del docente tras un descuido de este durante una llamada nocturna.
Más allá de lo que determine la Justicia, hay algo que ya genera una alarma enorme: la pérdida de confianza.
Porque un docente no ocupa cualquier lugar, tiene autoridad, cercanía, influencia. .Justamente por eso, cuando aparecen denuncias de este tipo, el impacto es mucho más profundo porque la escuela debería ser un espacio de formación y cuidado, y no un lugar de incomodidad, de miedo. No un lugar donde alguien sienta vulnerada su integridad.
Un docente no ocupa cualquier lugar, tiene autoridad, cercanía, influencia. .Justamente por eso, cuando aparecen denuncias de este tipo, el impacto es mucho más profundo porque la escuela debería ser un espacio de formación y cuidado, y no un lugar de incomodidad, de miedo. No un lugar donde alguien sienta vulnerada su integridad.
También es cierto que cuando surgen denuncias de esta gravedad, la sociedad espera algo inmediato: que se proteja primero a las posibles víctimas. No se trata solamente de un expediente se trata de vínculos de poder. De una relación desigual entre un docente y una alumna, entre una figura de autoridad y quien debería sentirse protegida dentro de un ámbito educativo y cuando ese límite se cruza —o incluso cuando existen denuncias serias sobre conductas inapropiadas— el daño institucional ya empieza. Porque el aula deja de ser un espacio seguro.
La educación no puede convivir con zonas grises en temas de integridad y respeto. Las escuelas tienen la obligación de actuar rápido, proteger a quienes denuncian y garantizar entornos seguros porque cuando una estudiante o una trabajadora siente que su integridad fue vulnerada dentro de un ámbito educativo, lo que entra en crisis no es sólo una persona es la confianza misma en una institución que debería cuidar, no lastimar.
