El tribunal de juicio resolvió absolver a todos los acusados en la causa por la explosión ocurrida en la planta de New American Oil (NAO), en Plaza Huincul, tragedia en la que murieron Víctor Herrera, Gonzalo Molina y Fernando Jara en septiembre de 2022. Los cinco imputados por la explosión en la destilería de Plaza Huincul fueron absueltos: Guido Torti, Silvio Sagueña, Gimena Brillo y Alfredo Novaro, quienes estaban imputados por el delito de estrago doloso agravado por el resultado muerte. También fue absuelta Natalia González, acusada de estrago culposo agravado.
La sentencia completa será notificada en los próximos días. Una vez que eso ocurra, tanto la fiscalía como las querellas y las defensas podrán presentar impugnaciones ante instancias superiores. Entonces aparece la pregunta que golpea sola: ¿cómo puede haber una explosión de semejante magnitud y nadie responsable? Porque no estamos hablando de un hecho menor. Estamos hablando de una tragedia que conmocionó a toda una comunidad. De una explosión que mató a tres personas y puso en riesgo más vidas, que generó miedo, que dejó consecuencias enormes.
Sin embargo, después de años de investigación, de pericias, de audiencias y de proceso judicial, el resultado es este: no hubo condenados. El tribunal resolvió imponer las costas a la querella y a las defensas particulares en el orden causado, mientras que el Ministerio Público Fiscal fue eximido totalmente. Y ahí nace la sensación más peligrosa para cualquier sistema judicial: la de impunidad.
Ahora bien, la absolución no significa necesariamente que los jueces hayan actuado mal. Significa que, según el proceso y las pruebas presentadas, no se logró acreditar responsabilidad penal. Y eso también es parte del Estado de Derecho. Pero hay algo que la sociedad no logra digerir. Porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, la gente espera respuestas claras. Qué pasó, por qué pasó y quién falló.
Cuando la respuesta final parece ser “nadie”, lo que queda no es tranquilidad, es frustración. Durante la lectura del veredicto, la jueza Vanessa Macedo Fon reconoció que la resolución generará posturas encontradas y señaló que la sentencia completa será notificada por escrito dentro de los plazos legales, tras lo cual las partes podrán analizar los fundamentos y eventualmente presentar recursos de impugnación. Porque una explosión no ocurre sola. No aparece de la nada. No es un fenómeno abstracto. Siempre hay una cadena de controles, de decisiones, de procedimientos, de responsabilidades.
Hay algo que la sociedad no logra digerir. Porque cuando ocurre una tragedia de esta magnitud, la gente espera respuestas claras. Qué pasó, por qué pasó y quién falló.
Si después de todo el recorrido judicial no se pudo determinar culpabilidad, entonces hay dos posibilidades igual de inquietantes: o el sistema falló en prevenir o falló en investigar. Y cualquiera de las dos es grave porque en actividades de riesgo como una destilería, los controles no son opcionales, son esenciales. La seguridad industrial no puede depender de la suerte ni del azar ni de que “no pase nada”. Ahí es donde este fallo deja una incomodidad enorme. La sensación de que las grandes tragedias muchas veces terminan diluyéndose en expedientes interminables donde al final nadie responde y eso erosiona la confianza porque cuando ocurre un hecho grave en una planta, en una destilería o en cualquier estructura vinculada a la actividad energética ya no alcanza con hablar de accidente. Hay que hablar de responsabilidades y también de prevención.
Neuquén vive, crece y proyecta su futuro alrededor de la industria hidrocarburífera. Vaca Muerta mueve millones, inversiones gigantescas y una actividad frenética. Pero en medio de ese crecimiento hay algo que no puede quedar relegado: la seguridad porque detrás de cada instalación industrial hay trabajadores, hay familias, hay comunidades enteras conviviendo con actividades de riesgo. El riesgo existe. Siempre existe. Por eso la diferencia no la hace la ausencia de peligro la hace el nivel de control, protocolos, inspecciones, capacitación, mantenimiento, decisiones responsables. Cuando eso falla el margen entre una jornada normal y una tragedia se vuelve mínimo. Ahí aparece el problema porque demasiadas veces después de un hecho grave empiezan los comunicados, las explicaciones y las investigaciones.
La sociedad necesita creer que cuando ocurre algo grave, el sistema puede encontrar la verdad. No para buscar culpables a cualquier precio pero sí para evitar que el mensaje sea devastador: que las tragedias pasan y después se pierden en la burocracia judicial.
Pero las preguntas llegan tarde. Las preguntas importantes deberían hacerse antes: ¿se controló todo lo que debía controlarse?, ¿se cumplían los protocolos?, ¿había advertencias previas?, ¿se priorizó producción por encima de seguridad? Porque la seguridad industrial no puede ser una formalidad burocrática. No puede ser una lista de comprobación para cubrir expedientes tiene que ser una cultura, una decisión permanente. Y hay algo más. En provincias petroleras como Neuquén existe una presión constante por producir, acelerar y sostener niveles de actividad. Eso genera empleo, movimiento económico y desarrollo pero también genera un riesgo: que la urgencia económica termine relajando controles. Ahí es donde el Estado tiene una responsabilidad enorme, controlar, auditar y sancionar de verdad. Cuando el control falla, las consecuencias no las paga una planilla las pagan personas.
La absolución puede ser jurídicamente correcta pero socialmente deja una herida abierta. Cuando una explosión sacude una ciudad y después de años no hay responsables la pregunta deja de ser qué pasó en la destilería.
La sociedad también necesita transparencia. Cada vez que ocurre un episodio grave, el peor camino es el silencio o la minimización porque la confianza se construye con información clara, no escondiendo problemas. Neuquén no puede construir riqueza sobre la improvisación. No puede naturalizar incidentes como si fueran parte inevitable del negocio porque cuando la seguridad industrial depende de la suerte, lo que está diciendo el sistema es algo peligrosísimo: que el próximo accidente no se evita por prevención. ¿Se acuerdan de la tragedia de la Cooperativa Obrera.? Porque la sociedad necesita creer que cuando ocurre algo grave, el sistema puede encontrar la verdad. No para buscar culpables a cualquier precio pero sí para evitar que el mensaje sea devastador: que las tragedias pasan y después se pierden en la burocracia judicial.
La absolución puede ser jurídicamente correcta pero socialmente deja una herida abierta. Cuando una explosión sacude una ciudad y después de años no hay responsables la pregunta deja de ser qué pasó en la destilería. La pregunta pasa a ser qué tan preparado está el sistema para dar respuestas cuando el daño ya está hecho.
