El Gobierno de Río Negro propone terminar con la afiliación obligatoria a IPROSS y permitir que trabajadores y jubilados deriven sus aportes a otra cobertura. La libertad de elegir es difícil de cuestionar, pero detrás de esa bandera aparece una pregunta incómoda: qué gana quien se va y qué pierde el sistema solidario cuando los que pueden elegir dejan de aportar al mismo fondo.
Si un trabajador está disconforme con IPROSS, ¿por qué debería estar obligado a quedarse? Si espera reintegros, pelea por una prestación o con su médico que le cobra plus y no le da la factura, considera que otra cobertura puede darle una mejor respuesta, la posibilidad de elegir parece razonable.
El problema empieza después.
IPROSS no funciona solamente como una cobertura individual. En el mismo sistema conviven trabajadores jóvenes y jubilados, personas sanas y pacientes que necesitan tratamientos permanentes, medicamentos costosos o atención compleja. Esa es la lógica solidaria: algunos utilizan poco y otros mucho, pero todos aportan al mismo fondo.
Entonces aparece la pregunta que el debate político no puede esquivar: ¿qué pasa si los que más posibilidades tienen de irse son justamente los que menos utilizan el sistema?
El Gobierno sostiene que la competencia puede obligar a IPROSS a mejorar. Y tiene lógica. Si el afiliado deja de ser cautivo, IPROSS tendrá que convencerlo para que se quede. Pero para eso no alcanza con modernizar una aplicación o facilitar un trámite. Habrá que mejorar prestaciones, reducir burocracia, pagar en tiempo y forma y ganar la confianza de quienes durante años no tuvieron otra opción.
También habrá que saber cuánto cuesta la libertad. Porque el trabajador seguirá aportando. Lo que cambia es el destino de ese dinero. Y si una parte importante de los afiliados se marcha, IPROSS podría quedar con menos recursos y, proporcionalmente, con quienes más necesitan atención. Ese es el riesgo que debería discutirse antes de aprobar el proyecto: no solamente quién puede irse, sino qué sistema queda después de la salida.
También hay una cuestión social que no es menor. No todos tienen la misma capacidad económica para elegir. Para algunos trabajadores, pagar una diferencia por una cobertura privada puede ser posible. Para otros, no. La libertad existe para todos, pero las posibilidades de ejercerla no necesariamente son las mismas.
Hay una realidad, pese a las falencias, todos los afiliados saben que cuentan con la cobertura de la obra social provincial. Que en caso de urgencia IPROSS responde y si no, pueden recurrir a la Justicia provincial via de amparo. En caso de acceder a una prepaga, con un costo muy superior, las quejas son ante la Justicia Federal y las empresas de salud privada deciden si habilitan o no la incorporación de un nuevo afiliado, con excepción a las patologías preexistentes.
IPROSS tal como existe, tiene problemas. Negarlos sería absurdo. Pero una cosa es obligarlo a mejorar y otra muy distinta es debilitarlo sin saber cuál será el resultado.
Por eso la Legislatura debería discutir algo más que la consigna de "libertad". Debería pedir números: cuánto dinero podría salir, qué impacto tendría sobre quienes permanecen, qué garantías habrá para los afiliados y qué hará el Estado si el sistema queda financieramente comprometido.
Porque liberar IPROSS puede ser una oportunidad para terminar con los afiliados cautivos. Pero también puede convertirse en el principio de un vaciamiento si nadie explica qué queda adentro.
La verdadera discusión no es cautivos o libres. Es qué sistema de salud quiere tener Río Negro dentro de cinco o diez años. La libertad para elegir puede ser una buena noticia. Pero antes de abrir la puerta, alguien debería asegurarse de que detrás no haya un precipicio.
