Quince años. Unos 180 meses, casi 5.500 días. Eso es lo que tardó la Justicia en confirmar lo que durante más de una década fue motivo de sospechas, denuncias, investigaciones y discusiones políticas en Río Negro. Mucho tiempo para dejar firme una condena por el cobro de sobresueldos, una maniobra que hoy equivale a unos 2.200 millones de pesos. Mucho tiempo para cerrar una causa que sentó en el banquillo a varios de los funcionarios más influyentes del gobierno de Miguel Saiz. Mucho tiempo.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación finalmente habló. Tardó seis años para rechazar los últimos recursos de las defensas y dejó firmes las condenas contra ocho exfuncionarios por la causa de los sobresueldos. El expediente llegó a su última estación. Pero también dejó una pregunta incómoda: ¿qué significa una condena cuando llega 15 años después?
Porque detrás de los tecnicismos judiciales, los recursos extraordinarios y las discusiones procesales aparece una realidad imposible de ignorar. Durante años funcionó dentro del Estado un sistema de distribución de fondos públicos por fuera de los mecanismos salariales formales. La Justicia lo investigó, lo juzgó y terminó condenando a quienes consideró responsables.
Y hay un dato que ayuda a entender la dimensión del escándalo. A valores actuales, la cifra involucrada en la maniobra ronda los 2.200 millones de pesos. Una suma capaz de financiar escuelas, viviendas, patrulleros, ambulancias o buena parte de las obras que durante años reclamaron ciudades enteras de la provincia.
Los condenados no fueron funcionarios de segunda línea. César Barbeito fue ministro de Coordinación, ministro de Educación y candidato a gobernador. Francisco "Ringo" González fue ministro de Gobierno, secretario General de la Gobernación y uno de los hombres con mayor poder político dentro del gabinete de Saiz. Junto a ellos aparecen otros nombres que durante años ocuparon lugares centrales en la administración provincial.
La lista de condenados también incluye a Omar Contreras (ministro de Turismo), Cristina Uría (ministra de Salud), Juan Accatino (ministro de Producción), Alfredo Pega (ministro de Familia), Diego Larreguy (ministro de Gobierno) y José Ongaro (tesorero), quienes recibieron penas de dos años y seis meses de prisión en suspenso. En tanto, la acción penal contra el excontador general Gustavo Picci fue declarada prescripta.
La sentencia judicial no sólo alcanza a personas. También golpea una época. Una forma de ejercer el poder. Una manera de administrar recursos públicos que terminó con una continuidad del radicalismo en el poder de Río Negro que alcanzó a 29 años, desde el regreso de la democracia hasta 2011.
Y, sin embargo, el paso del tiempo también deja una sensación difícil de disimular. La causa comenzó en 2011. La primera condena llegó siete años después. El Superior Tribunal de Justicia la confirmó en 2020. La Corte Suprema necesitó otros seis años para resolver. Mientras tanto, los acusados siguieron adelante con sus vidas, participaron de actividades públicas, conservaron influencia política y observaron cómo el expediente avanzaba a ritmo de tortuga por los pasillos judiciales.
La demora no es un dato secundario. Es parte central de la historia. Porque una Justicia que tarda quince años en llegar corre el riesgo de convertir el castigo en un gesto simbólico. La condena existe. La responsabilidad penal fue establecida. Pero el tiempo erosiona el impacto social de cualquier sentencia.
Por eso la decisión de Francisco "Ringo" González de entregarse en la Subcomisaría 72° de Darwin tiene una fuerza especial. No sólo porque comienza a cumplir una condena. También porque simboliza el cierre de una historia que parecía no terminar nunca.
Paradójicamente, González nunca desapareció del escenario público. En los últimos años su nombre volvió a quedar asociado a las polémicas que cada temporada rodean a los paradores de Las Grutas y su funcionamiento nocturno como espacios bailables. Mientras la causa avanzaba lentamente en los tribunales, su figura en bermudas, seguía apareciendo en debates públicos que excedían largamente el expediente judicial.
En paralelo, también se espera el cumplimiento de las medidas judiciales respecto de Barbeito, quien supo convertirse en el heredero político de Saiz y en la apuesta electoral del radicalismo para intentar retener el poder provincial en 2011.
La causa de los sobresueldos deja varias conclusiones. Pero quizás la más incómoda sea que no se trata de un episodio aislado dentro de la historia judicial del gobierno de Miguel Saiz. Con el paso de los años, distintos integrantes de aquel gabinete terminaron enfrentando condenas en expedientes de enorme impacto institucional.
Uno de ellos fue el exministro de Turismo Omar Contreras, quien años antes ya había sido condenado a tres años de prisión en suspenso por irregularidades en la asignación de publicidad oficial a favor de una productora vinculada a la exfuncionaria Susana Parra. Ahora, su nombre vuelve a aparecer entre los condenados por la causa de los sobresueldos.
La lista también incluye al exsecretario de Seguridad Víctor Ángel Cufré, condenado a cuatro años de prisión y ocho de inhabilitación por incumplimiento de los deberes de funcionario público, homicidio culposo y lesiones culposas por los hechos ocurridos durante la represión policial de junio de 2010 en Bariloche. Aquella jornada terminó con la muerte de Nicolás Carrasco, de 16 años, y Sergio Cárdenas, de 29, además de trece personas heridas por disparos policiales. Por la misma causa también fue condenado el entonces jefe de la Policía de Río Negro, Jorge Villanova, quien recibió idéntica pena.
Vistos en conjunto, los expedientes dibujan un panorama difícil de ignorar. La sentencia no sólo alcanza a personas. También interpela a una época. Una forma de ejercer el poder. Una manera de administrar recursos públicos que durante años pareció natural. Quince años después. El tiempo consumió buena parte del efecto ejemplificador que debería tener cualquier sanción.
La condena llegó tarde. ¿Hubo justicia?
