La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso punto final a una de las causas de corrupción más resonantes de la historia reciente de Río Negro y dejó firmes las condenas contra ocho exfuncionarios, entre ellos siete exministros provinciales, por el cobro de sobresueldos pagados con fondos públicos entre 2004 y 2011. El máximo tribunal rechazó los recursos presentados por las defensas y confirmó las penas de prisión impuestas por el delito de peculado.
La resolución lleva las firmas de los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes consideraron que los planteos defensivos no lograron rebatir los fundamentos de las sentencias previas. De esta manera, quedó definitivamente clausurado el camino judicial para los condenados, que durante años intentaron revertir las decisiones adoptadas por los tribunales provinciales.
Entre los principales condenados aparecen César Barbeito, exministro de Coordinación, y Francisco González, exsecretario General de la Gobernación, quienes recibieron penas de tres años y seis meses de prisión. En tanto, los exministros Omar Contreras, Cristina Uría, Juan Accatino, Alfredo Pega y Diego Larreguy fueron condenados a dos años y seis meses de prisión. La misma pena alcanzó al extesorero José Ongaro.
Pero detrás de los nombres hay una maniobra que durante años estuvo bajo la lupa de la Justicia. La investigación concluyó que existió un sistema paralelo de pago de adicionales salariales que funcionó por fuera de los mecanismos habituales de control de la administración pública durante los gobiernos de Miguel Saiz. Según se acreditó en el expediente, determinados funcionarios retiraban dinero en efectivo de entidades bancarias para luego distribuirlo entre funcionarios y agentes estatales.
Además, la acusación sostuvo que esos pagos se concretaban mediante cheques librados a nombre de altos funcionarios del Ejecutivo provincial, quienes cobraban el dinero por ventanilla bancaria. De esa forma, los fondos públicos quedaban fuera de los controles administrativos que normalmente rigen para la liquidación de haberes y remuneraciones estatales.
La maniobra permitía evitar que esos adicionales quedaran registrados dentro de los circuitos formales de pago. Según la descripción judicial, el sistema sorteaba la bancarización obligatoria y los mecanismos de control presupuestario, generando remuneraciones que no eran declaradas de manera transparente dentro de la estructura salarial del Estado.
El caso llegó a juicio oral en 2018 y desde entonces atravesó una extensa batalla judicial. Aquel debate concluyó con las condenas que luego fueron ratificadas por el Superior Tribunal de Justicia de Río Negro en 2020. Sin embargo, los condenados continuaron apelando en distintas instancias con la expectativa de revertir el fallo.
Finalmente, la Corte Suprema cerró todas las puertas. Con el rechazo de los últimos recursos extraordinarios, las condenas quedaron firmes y la histórica causa por los sobresueldos pasó a convertirse en una de las sentencias más contundentes contra exintegrantes de un gabinete provincial en Río Negro.
