Hay rutas que son caminos y hay rutas que son síntomas. La Ruta Nacional 151 es las dos cosas a la vez. Esa cinta de asfalto roto que une el Alto Valle rionegrino con La Pampa, funciona como la principal vía de ingreso a Vaca Muerta y ya no refleja solamente el deterioro de una infraestructura: expone una decisión política. Cada pozo, cada rajadura y cada banquina descalzada hablan de un Estado nacional que, gobierno tras gobierno, dejó de considerar al mantenimiento vial como una prioridad. Y menos si está en la Patagonia.
Las casi tres semanas de lluvias que castigaron a la región volvieron a desnudar una realidad conocida por cualquiera que haya recorrido la ruta. El agua no destruyó la 151; apenas terminó de mostrar el estado de abandono en el que se encuentra desde hace años. Circular por ella implica esquivar cráteres, reducir la velocidad de manera constante y asumir un riesgo que nunca debería formar parte de un viaje.
No hacen falta estadísticas para comprobarlo. Basta con recorrer el tramo entre Cipolletti y Santa Isabel. Sin embargo, los números también hablan. Municipios como Cipolletti y Catriel destinan recursos propios para tapar pozos que corresponden a una ruta nacional. La Policía de Río Negro debe reforzar controles preventivos y advertir a los conductores sobre sectores especialmente peligrosos. Es una postal insólita: intendencias y fuerzas provinciales intentando contener las consecuencias de una responsabilidad que le corresponde a la Nación.
Hace pocos días se cumplió un año de la tragedia ocurrida en el paraje La Escondida, cerca de Catriel, donde cuatro integrantes de una familia de 25 de Mayo murieron durante una intensa nevada. Aquella conmoción generó promesas, reclamos y hasta una presentación judicial. Doce meses después, la ruta sigue prácticamente igual en cuanto a desidia y peor en su estado. La diferencia es que ahora también quedó demostrado que ni siquiera una sentencia de la Justicia Federal alcanza para modificar la realidad.
El fallo que hizo lugar al amparo colectivo impulsado por Río Negro fue contundente. Reconoció el estado calamitoso de la traza y con riesgo de vida para los que la transitan. El juez Hugo Greca ordenó al Estado nacional ejecutar un plan de reparación. Incluso la propia Nación admitió que durante dos años no realizó obras de importancia sobre la Ruta 151. La resolución judicial confirmó lo que miles de automovilistas vienen denunciando desde hace tiempo: el deterioro no es una percepción, es un hecho.
La explicación tampoco es un misterio. Según un relevamiento de la Federación del Personal de Vialidad Nacional, al finalizar el primer semestre de este año apenas se había ejecutado el 33,6% del presupuesto asignado al organismo, y sólo una parte de ese monto había sido efectivamente pagada. Más grave aún resulta que los programas destinados al mantenimiento de puentes, alcantarillas y seguridad vial registren una ejecución del cero por ciento. Cuando el dinero existe pero no se transforma en obras, deja de hablarse de incapacidad administrativa para ingresar en el terreno de las decisiones políticas.
La contradicción resulta todavía más evidente cuando se observa el movimiento económico que genera la región. La Ruta 151 es uno de los principales corredores logísticos de Vaca Muerta. Por allí circulan diariamente equipos, arena silícea, maquinaria pesada, insumos y miles de trabajadores vinculados a la industria hidrocarburífera. Cada camión que deteriora el pavimento genera riqueza hacia el proyecto energético más importante del país. Sin embargo, esa riqueza nunca regresa convertida en infraestructura.
Mientras el Gobierno nacional presenta a Vaca Muerta como el motor económico capaz de generar los dólares que necesita la Argentina, la principal vía de acceso a ese desarrollo permanece abandonada. El contraste es difícil de explicar. El país celebra récords de producción y exportación energética, pero acepta con naturalidad que uno de sus corredores estratégicos continúe desintegrándose. En este contexto suena a poco la licitación para aduirir 5.000 toneladas de mezcla asfáltica para la ruta 151 que anunció el senador libertario Enzo Fullone.
La paradoja se profundiza cuando se observa el destino de los impuestos. Millones de argentinos pagan cargas sobre los combustibles que, por ley, deberían contribuir al mantenimiento de la infraestructura vial. Sin embargo, esos recursos terminan absorbidos por las necesidades fiscales del Estado nacional mientras las rutas siguen deteriorándose. El equilibrio de las cuentas públicas puede ser un objetivo legítimo; hacerlo a costa de resignar inversiones esenciales termina trasladando el costo a quienes todos los días arriesgan su vida sobre el asfalto.
Frente a esa ausencia, las provincias comenzaron a buscar soluciones por su cuenta. Río Negro impulsa el traspaso de las rutas nacionales pero no viene acompañada de fondos. La Pampa, por su parte, analiza cobrar una tasa vial al transporte pesado que utiliza sus rutas provinciales como alternativa. Son respuestas diferentes frente a un mismo problema: cuando el Estado nacional abandona una competencia básica, las provincias terminan improvisando mecanismos para sostener una infraestructura que nunca debió quedar librada a su suerte.
Detrás de las discusiones políticas y presupuestarias hay personas. Más de diez mil estudiantes y miles de docentes dependen de esa ruta para llegar a las escuelas. También lo hacen pacientes que necesitan atención médica, productores frutícolas, transportistas, trabajadores petroleros, turistas y familias enteras que simplemente intentan viajar de un punto a otro. Para todos ellos, el deterioro de la 151 no representa una discusión ideológica. Representa demoras, roturas, costos adicionales y, sobre todo, un riesgo permanente.
El problema, entonces, excede ampliamente el bacheo. Lo que está en debate es el sentido de las prioridades públicas. Un Estado puede discutir el tamaño de su estructura, reducir gastos, revisar programas o buscar el equilibrio fiscal. Lo que no puede hacer es renunciar a garantizar condiciones mínimas de seguridad sobre una ruta nacional que resulta estratégica para la economía del país y vital para miles de personas.
La Ruta Nacional 151 se convirtió en el espejo de una contradicción cada vez más difícil de justificar: un país capaz de exhibir con orgullo la riqueza que produce Vaca Muerta mientras permite que la puerta de entrada a ese desarrollo se deshaga bajo la lluvia. Los pozos ya no son únicamente un problema vial. Son la evidencia visible de una decisión política. Y mientras eso no cambie, la próxima tragedia dejará de ser una posibilidad para convertirse, simplemente, en otra advertencia ignorada.
