Una dato equivocado puede ser consecuencia de un error periodístico, una información mal chequeada o una fuente que falló. Una fake news, en cambio, nace con otro objetivo: utilizar datos verdaderos, mezclarlos con información maliciosa y construir un relato capaz de generar un impacto político antes de que aparezca la verdad. Cuando la desmentida llega, el daño casi siempre ya está hecho.
Lo ocurrido esta semana en Río Negro obliga a reflexionar precisamente sobre ese mecanismo. El Gobierno provincial había denunciado penalmente el acceso indebido de un empleado público a los sistemas informáticos del Estado. La investigación interna derivó en el secuestro de una computadora utilizada por ese trabajador, sospechado de haber extraído e impreso recibos de sueldo del gobernador Alberto Weretilneck y de integrantes de su gabinete, documentación que luego apareció pegada en el histórico edificio de Laprida y Belgrano de Viedma.
Ese era el hecho objetivo. Sin embargo, en cuestión de horas, cuando esta información se mantenía bajo llaves, comenzó a circular una versión completamente distinta: que la Policía Federal había allanado la Casa de Gobierno y secuestrado una computadora del propio gobernador en el marco de una investigación vinculada al arrepentido de la causa AFA, el viedmense Juan Pablo Beacon. La versión fue replicada por medios nacionales, provinciales y redes.
Allí aparece el verdadero problema. La computadora secuestrada existió. La denuncia judicial también. Pero el allanamiento, la participación de la Policía Federal Argentina (PFA) y la supuesta condición de investigado del gobernador nunca fueron confirmados por la Justicia. Mezclar un hecho real con afirmaciones que no estaban acreditadas terminó construyendo un relato completamente distinto al expediente que realmente existía.
Es en ese contexto donde Weretilneck apuntó políticamente contra el PJ. No presentó públicamente pruebas que identifiquen a los responsables de la difusión de esa versión. Su sospecha se apoya en antecedentes de los medios y administradores de las cuentas de redes sociales donde se publicaron. "Un sistema relacionado al peronismo. No es de ahora, es de siempre" dijo el gobernador casi 12 horas después de que la fake news circulara por medios y redes.
Más allá de las declaraciones del gobernador, la política rionegrina tiene recuerdos varios de campaña sucia. El último, que terminó en escándalo, ocurrió durante la campaña de 2023. Mientras Weretilneck construía la alianza que lo llevaría a obtener su tercer mandato como gobernador, las calles de Viedma, Cipolletti y otras ciudades amanecieron cubiertas con afiches que mostraban la imagen del entonces senador Martín Doñate acompañada por una única palabra: "Traidor". Además de una fuerte campaña paga en redes sociales como publicidad. Aquella acción buscó instalar el descrédito contra el dirigente de Beltrán y generó una enorme polémica por el origen de su financiamiento y organización, que apuntó al Ministerio de Justicia de la Nación, en ese momento a cargo de Martín Soria. Esta relación que hace el mandatario provincial deberá ser demostrada en la Justicia, en caso de cumplir con la denuncia penal prometida.
Sería injusto, sin embargo, reducir el análisis a un solo espacio político. La relación entre los gobiernos y los medios de comunicación estuvo históricamente atravesada por la pauta oficial, utilizada muchas veces como herramienta de influencia sobre las líneas editoriales. No es un fenómeno exclusivo de Río Negro ni patrimonio de un partido determinado. Es una práctica instalada desde hace décadas en la política argentina y que también deteriora la calidad democrática.
Pero una cosa es la discusión sobre la distribución de la publicidad oficial y otra muy distinta es la utilización de información distorsionada para condicionar la opinión pública. Cuando un dato verdadero sirve de plataforma para instalar una versión que no resiste la mínima verificación, el problema deja de ser periodístico para transformarse en un problema institucional.
Río Negro elegirá gobernador el año próximo. Se especula que será entre marzo y abril. Formalmente la campaña todavía no empezó. En los hechos, todo indica que ya está en marcha. Y si el primer capítulo estuvo marcado por operaciones, filtraciones, desinformación y acusaciones cruzadas, cuesta imaginar que el debate electoral pueda centrarse únicamente en propuestas.
La democracia necesita campañas intensas, competitivas y con diferencias profundas. La obligación como ciudadanos es distinguir todos los días entre información y operación. Cuando la verdad pasa a ocupar un segundo plano y las versiones circulan más rápido que los hechos, pierden los gobiernos, pierde la oposición, pierde el periodismo y, sobre todo, pierde la sociedad.
