Hay momentos en los que la política tiene que tomar decisiones. Decisiones incómodas, difíciles y que tienen costos. Y hay otros momentos en los que la política descubre una puerta maravillosa: la puerta de Legales. Por esa puerta entró el jueves buena parte de la crisis institucional de Vista Alegre.
El intendente José “Turco” Asaad atraviesa una situación extremadamente delicada. Existe una denuncia por presunta violencia de género presentada por su expareja. La Justicia está investigando. Dejemos algo absolutamente claro desde el comienzo, Asaad tiene derecho a defenderse. Ha negado las acusaciones y anunció que presentará pruebas y testimonios. No existe una condena. No corresponde que un periodista reemplace a un juez. La presunción de inocencia no se negocia según nos guste o no el acusado.
Pero acá aparece otra discusión. La política. Porque una cosa es determinar responsabilidad penal y otra completamente diferente es determinar qué respuesta institucional corresponde mientras semejante denuncia es investigada. Ahí tenemos dos fotografías tomadas prácticamente al mismo tiempo. La primera fotografía es la del Partido Justicialista de Neuquén. Su Consejo Provincial se reunió, analizó la situación, activó sus mecanismos internos y resolvió solicitar una licencia preventiva inmediata a quien hasta entonces encabezaba el partido. Lucas Riquelme quedó al frente de la conducción mientras continúa el proceso. No declararon culpable a Asaad, no dictaron una sentencia penal, no reemplazaron a la Justicia. Tomaron una decisión política preventiva.
Ahora vayamos a Vista Alegre. Ahí encontramos la segunda fotografía. Cuatro concejales habían firmado un pedido de suspensión o remoción del intendente. Cuatro sobre siete: Antonio Osés, Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz. Había una posición política concreta. Había firmas, había un planteo institucional. Llegó la sesión, estuvieron los siete concejales ¿y qué ocurrió? No hubo votación sobre la continuidad del intendente. El planteo terminó en Legales y apareció además una novedad extraordinaria. Uno de aquellos cuatro concejales, Antonio Osés, pidió retirar su firma. También eso deberá analizarlo Legales.
Entonces permítanme hacer algunas preguntas. Porque preguntar todavía está permitido ¿Qué pasó entre la firma y el pedido para retirarla? ¿Qué cambió? ¿Cambió la situación judicial? ¿Apareció alguna prueba nueva? ¿Cambió la interpretación jurídica? ¿Cambió la posición política? ¿Hubo conversaciones? ¿Con quién? ¿Por qué un concejal firma un pedido de semejante gravedad y poco después decide que ya no quiere estar ahí?
Cuatro concejales habían firmado un pedido de suspensión o remoción del intendente. Cuatro sobre siete: Antonio Osés, Enzo Durán, Cecilia Martínez y Marisel Muñoz. Había una posición política concreta. Había firmas, había un planteo institucional. Llegó la sesión, estuvieron los siete concejales ¿y qué ocurrió? No hubo votación sobre la continuidad del intendente. El planteo terminó en Legales y apareció además una novedad extraordinaria. Uno de aquellos cuatro concejales, Antonio Osés, pidió retirar su firma. También eso deberá analizarlo Legales.
No estoy afirmando que haya existido una presión. Estoy preguntando. Y existe una diferencia enorme entre acusar sin pruebas y exigir explicaciones sobre un cambio político público. Osés tiene todo el derecho del mundo a cambiar de opinión pero cuando un representante del pueblo coloca su firma en un documento que pretende suspender o remover a un intendente y después solicita retirarla, también tiene la obligación política de explicar claramente por qué cambió de opinión. No alcanza con borrar una firma. Hay que explicar qué ocurrió para querer borrarla. Porque las firmas de los funcionarios públicos no están escritas con lápiz, representan decisiones, convicciones. Representan a ciudadanos. Acá aparece el contraste que más debería incomodar. El propio partido que presidía Asaad encontró mecanismos para adoptar una decisión preventiva.
El Concejo Deliberante del municipio gobernado por Asaad, no el PJ pudo discutir, pudo resolver, pudo establecer una conducción provisoria. Mientras tanto, en Vista Alegre, el expediente tomó el camino de Legales. Por supuesto que son instituciones diferentes. Por supuesto que tienen normas diferentes. Por supuesto que una conducción partidaria no es equivalente a una intendencia elegida por el voto popular. Eso hay que decirlo. Pero precisamente por eso la pregunta es todavía más importante: ¿estamos ante una diferencia jurídica o ante una diferencia de voluntad política? Porque la Constitución de Neuquén contempla mecanismos institucionales para situaciones de inhabilidad física o moral sobreviniente de un intendente. Eso no significa que automáticamente correspondan en este caso. Significa que existe un camino que debe analizarse y, llegado el momento, los concejales deberán hacerse responsables de su decisión. A favor, en contra, pero dando la cara. Porque para eso fueron elegidos.
Los ciudadanos no eligieron solamente abogados municipales, eligieron concejales y un concejal tiene una responsabilidad política. Puede consultar abogados. Debe consultar abogados cuando existen dudas jurídicas pero después tiene que decidir porque si cada decisión incómoda termina escondida detrás de un dictamen, entonces podríamos ahorrarnos las elecciones y elegir directamente siete estudios jurídicos. La democracia exige otra cosa. Exige representantes. Exige posiciones. Exige argumentos. Exige votos y algo que parece cada vez más escaso: hacerse cargo.
También quiero decir algo sobre la denuncia que originó toda esta crisis. Acá no corresponde utilizar una denuncia de violencia de género como arma partidaria. Ni para destruir políticamente a alguien antes de que actúe la Justicia, ni para proteger políticamente a alguien porque pertenece a nuestro espacio. Las dos cosas son igualmente peligrosas.
Si creemos en las instituciones, entonces debemos sostener dos principios simultáneamente. Protección para quien denuncia y derecho de defensa para quien es denunciado. Una cosa no destruye la otra. La Justicia deberá establecer qué ocurrió y Asaad tendrá todas las garantías para defenderse. Pero mientras tanto la política debe resolver una pregunta diferente: ¿qué estándar ético e institucional exige a quienes ejercen el poder? El PJ provincial ya dio su respuesta. Consideró que correspondía una licencia preventiva en la conducción partidaria mientras avanzara la situación.
Espero que cada concejal vote según su conciencia, según la ley y según el mandato que recibió de los ciudadanos, sin presiones, sin favores, sin cálculos personales, sin pensar quién gobierna hoy ni quién puede gobernar mañana. Y si consideran que Asaad debe continuar, que lo digan, que argumenten, que voten. Y si consideran que debe ser suspendido, que hagan exactamente lo mismo, pero que decidan. Porque hay algo peor que equivocarse tomando una decisión: no tomarla para evitar pagar el costo.
Vista Alegre todavía no dio la suya. Mandó el expediente a Legales y una de las cuatro firmas comenzó a caminar hacia atrás. Entonces tenemos derecho a mirar, a preguntar y, fundamentalmente, tenemos derecho a recordar cada movimiento. Porque en los pueblos chicos existe una enfermedad política particularmente peligrosa, todos se conocen, todos tienen relaciones, todos necesitan algo de alguien, todos alguna vez compartieron una mesa. Y cuando llega el momento de tomar una decisión difícil aparece aquella vieja frase: entre bueyes no hay cornadas.
Yo espero que Vista Alegre demuestre que no es así. Espero que cada concejal vote según su conciencia, según la ley y según el mandato que recibió de los ciudadanos, sin presiones, sin favores, sin cálculos personales, sin pensar quién gobierna hoy ni quién puede gobernar mañana. Y si consideran que Asaad debe continuar, que lo digan, que argumenten, que voten. Y si consideran que debe ser suspendido, que hagan exactamente lo mismo, pero que decidan. Porque hay algo peor que equivocarse tomando una decisión: no tomarla para evitar pagar el costo.
Hoy Vista Alegre tiene un intendente bajo investigación judicial. Tiene un pedido institucional de suspensión o remoción. Tiene una firma que quiere desaparecer. Tiene un expediente en Legales y tiene una sociedad mirando. Por eso la pregunta ya no es solamente qué hará Asaad. La pregunta es: ¿qué harán los concejales? Porque Asaad deberá responder ante la Justicia por aquello que se investiga pero los concejales deberán responder ante otra autoridad: los vecinos de Vista Alegre. Ahí no existe comisión de Legales donde esconderse. Ahí existe algo mucho más sencillo: la memoria de la gente.
