El Gobierno nacional avanzó con una nueva medida de desregulación para la industria hidrocarburífera al simplificar el régimen de exportaciones de petróleo y gas, una decisión que busca consolidar un marco de mayor previsibilidad para las inversiones y acompañar el crecimiento productivo de Vaca Muerta.
A través de la Resolución 166/2026, publicada en el Boletín Oficial, la Secretaría de Energía dejó sin efecto el Decreto 645/2002 y derogó las resoluciones 241/2017 y 175/2023, normas que durante más de dos décadas establecieron los procedimientos administrativos para autorizar las exportaciones de hidrocarburos.
La modificación se enmarca en la reforma de la Ley de Hidrocarburos impulsada por la Ley Bases y responde al cambio de escenario que atraviesa el sector energético argentino.
Mientras el régimen anterior había sido diseñado para un contexto de déficit productivo y fuerte intervención estatal para garantizar el abastecimiento interno, el crecimiento sostenido de la producción no convencional plantea hoy un desafío diferente: ampliar las exportaciones y atraer inversiones para desarrollar infraestructura.
En ese contexto, Vaca Muerta aparece como la principal beneficiaria de la medida. El incremento de la producción de petróleo y gas en la formación neuquina supera cada vez más la capacidad de absorción del mercado doméstico, por lo que la posibilidad de acceder a mercados externos bajo reglas más claras se convirtió en un factor determinante para la planificación de nuevos proyectos.
La resolución no elimina la obligación de contar con autorizaciones para exportar ni modifica los permisos ya otorgados. Lo que hace es simplificar el marco regulatorio, eliminando normas consideradas desactualizadas y concentrando los procedimientos dentro del esquema previsto por la legislación vigente.
Desde la Secretaría de Energía sostuvieron que el objetivo es reducir cargas administrativas, evitar superposiciones normativas y ofrecer mayor seguridad jurídica para las inversiones de largo plazo, especialmente aquellas vinculadas con proyectos de infraestructura destinados a incrementar la capacidad exportadora del país.
La decisión cobra especial relevancia para las obras que acompañan la expansión de Vaca Muerta, entre ellas el oleoducto Vaca Muerta Oil Sur (VMOS), las ampliaciones de los sistemas de transporte de crudo y los desarrollos vinculados a la producción y exportación de gas natural licuado (GNL).
Todas estas iniciativas fueron concebidas con un perfil exportador y requieren un marco regulatorio estable para asegurar su financiamiento y ejecución.
La simplificación del régimen también se inscribe dentro de la estrategia oficial de apertura del mercado energético, que en los últimos meses incluyó la reforma de la Ley de Hidrocarburos, la implementación del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y la revisión de distintas regulaciones consideradas incompatibles con un esquema orientado a promover la inversión privada.
Para las empresas del sector, la medida representa una señal de continuidad en el proceso de normalización del mercado. Si bien no modifica las condiciones económicas de los proyectos, reduce la incertidumbre sobre uno de los aspectos más sensibles para el desarrollo del shale: la posibilidad de colocar la producción en el exterior mediante un régimen más ágil, previsible y alineado con la nueva realidad energética del país.
La normativa también establece que las autorizaciones de exportación actualmente vigentes mantendrán plena validez, al igual que los trámites iniciados con anterioridad a la entrada en vigor de la resolución. De esta manera, el nuevo esquema regirá para las futuras operaciones y acompañará una etapa en la que el desafío para Vaca Muerta ya no pasa por aumentar la producción, sino por transformar ese crecimiento en mayores exportaciones, nuevas inversiones y desarrollo de infraestructura estratégica para el país
