La posible modificación del Régimen de Zona Fría volvió a encender las alarmas en la Patagonia. Cámaras empresarias, sectores productivos y especialistas en energía advirtieron que la reforma impulsada por el Gobierno nacional podría provocar aumentos significativos en las tarifas de gas, con impacto directo sobre las economías familiares, el funcionamiento de las pymes y la actividad económica regional.
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), a través de su Bloque Patagónico, expresó formalmente su preocupación por los cambios previstos en el esquema de subsidios que históricamente compensó las condiciones climáticas extremas del sur argentino.
El planteo reúne a entidades empresarias de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego, que coincidieron en advertir que la Patagonia enfrenta características geográficas y climáticas particulares que vuelven al gas y a la energía servicios esenciales durante gran parte del año.
En ciudades patagónicas y del interior neuquino, las bajas temperaturas se extienden entre ocho y nueve meses anuales, situación que obliga a mantener elevados niveles de consumo energético tanto en hogares como en comercios e industrias. Bajo ese escenario, las entidades sostienen que reducir subsidios implicaría trasladar costos imposibles de absorber para miles de usuarios.
El eje de la discusión está puesto en la intención oficial de modificar la lógica del régimen vigente. Según cuestionan desde el sector empresario, la propuesta limitaría el beneficio únicamente al precio del gas en boca de pozo, dejando afuera componentes clave de la factura como el transporte, la distribución y la carga impositiva.
De concretarse esa modificación, el impacto se reflejaría de manera inmediata en las boletas de gas de usuarios residenciales y comerciales, especialmente en provincias como Neuquén y Río Negro, donde la demanda energética es estructuralmente más alta por razones climáticas.
Las cámaras empresarias advirtieron que el aumento de costos energéticos llegaría en un contexto económico complejo para las pequeñas y medianas empresas patagónicas, marcado por caída del consumo, retracción de ventas y dificultades financieras.
Según sostienen, incorporar una mayor presión tarifaria sobre comercios, industrias y emprendimientos regionales podría acelerar la desaceleración económica y comprometer la continuidad de puestos de trabajo.
Además del impacto económico, el debate también reabrió la discusión sobre las asimetrías históricas entre la Patagonia y otras regiones del país. Desde el Bloque Patagónico de CAME señalaron que el régimen no constituye un privilegio, sino una herramienta compensatoria frente a condiciones climáticas objetivas que incrementan el costo de vida y producción en el sur argentino.
En paralelo, el especialista en derecho energético Juan José Carbajales explicó que el esquema de Zona Fría nació en 2001 para subsidiar el 50% del costo total de las facturas de gas en la Patagonia, incluyendo producción, transporte, distribución e impuestos.
El abogado recordó que en 2021 el sistema se amplió hacia regiones bioambientales más frías del centro del país, incorporando sectores de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza y San Luis. Esa ampliación es precisamente uno de los puntos que el Gobierno nacional busca revisar.
Carbajales sostuvo que la eventual reforma implicaría abandonar el criterio climático para avanzar hacia subsidios focalizados exclusivamente según el nivel de ingresos de los hogares. De esa manera, millones de usuarios podrían perder descuentos de entre el 30% y el 50% en sus boletas de gas.
El especialista también advirtió sobre otro de los efectos previstos en la iniciativa: el incremento del cargo que pagan todos los usuarios del país para financiar el sistema de subsidios. Actualmente ese recargo ronda el 7,5% y podría aumentar considerablemente, elevando el costo general del servicio.
En la Patagonia, donde el gas representa un insumo esencial para la vida cotidiana y la producción, las entidades empresarias consideran indispensable abrir una instancia de diálogo federal antes de avanzar con cualquier modificación definitiva.
El planteo apunta a revisar integralmente las consecuencias económicas y sociales que tendría la reforma sobre una región donde el clima, las distancias y los costos estructurales continúan marcando diferencias profundas respecto del resto del país.
