El proyecto de ley de readecuación del régimen de "zona fría", que ya fue aprobado en Diputados, tiene como eje central la reducción del alcance geográfico de los subsidios por consumo de gas, limitando el beneficio a hogares de la Patagonia, Malargüe y la Puna, consideradas regiones de frío extremo.
Según la Secretaria de Energía de la Nación, Carmen Tettamanti, con el nuevo esquema perderán el subsidio 1.600.000 usuarios, mientras que 1.800.000 usuarios inscriptos en el programa de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF) mantendrán un descuento superior al 75% sobre el consumo de gas durante los meses de invierno. Además, se incorporan a los beneficios la venta de cilindros, garrafas y gas propano a granel en estas zonas.
Beneficiarios y criterios socioeconómicos
La política seguirá vigente para hogares socioeconómicamente vulnerables (con ingresos de hasta tres canastas básicas por familia tipo, actualmente 4,3 millones de pesos), hogares con al menos un integrante con Certificado Único por Discapacidad (CUD), titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur y beneficiarios del Registro Nacional de Barrios Populares.
Con los cambios, se subsidiará únicamente el metro cúbico de consumo de gas natural, dejando fuera otros cargos de la factura, como el cargo fijo, que hasta ahora se encontraba incluido en la política de subsidios. El proyecto también establece un mecanismo para condonar las deudas de distribuidoras eléctricas con CAMMESA, acumuladas durante los períodos de emergencia tarifaria, con la condición de que las empresas desistan de todos los reclamos judiciales relacionados.
Por otro lado, se prorroga hasta 2045 la exención impositiva para energías renovables, mientras se derogan los regímenes de promoción de inversión y acceso a divisas para la producción de hidrocarburos creados en 2013 y 2022.
Revisión del régimen y ahorro fiscal
El proyecto oficialista advierte que la ampliación del régimen realizada en 2021, impulsada por Máximo Kirchner, llevó el número de beneficiarios a casi la mitad de los usuarios residenciales con acceso a gas por red. Esto incluyó sectores con alto poder adquisitivo o que no cumplían criterios de vulnerabilidad económica, generando desequilibrios fiscales y problemas de financiamiento.
Según el proyecto, “la escasez de fondos y el déficit fiscal derivaron en la falta de pago a las distribuidoras y subdistribuidoras y la consecuente ruptura de la cadena de pagos del gas a productores, evidenciando el alto costo fiscal y errores de diseño que se buscan modificar”.
Históricamente, el Estado subsidiaba el 50% de la tarifa plena en zonas de frío extremo mediante un fondo fiduciario financiado con un recargo del 5,3% a las facturas de gas. Con la ley de 2021, la alícuota se elevó al 7,5%, pero la ampliación de beneficiarios generó un cuello de botella fiscal que impidió cubrir la totalidad del esquema de subsidios.
Desde La Libertad Avanza consideran que la política “se desnaturalizó”, y el proyecto plantea que el objetivo es garantizar una segmentación adecuada, tanto geográfica como socioeconómica, basada en equidad, eficiencia del gasto público y responsabilidad fiscal.
