El gobierno de Río Negro avanzó con una propuesta para que las empresas que operen las represas hidroeléctricas sobre el río Limay abonen un canon por la utilización del agua destinada a la generación de energía. La iniciativa forma parte de las negociaciones vinculadas a la renovación de las concesiones de los principales complejos hidroeléctricos del Comahue y apunta a fortalecer los ingresos provinciales derivados del aprovechamiento de sus recursos naturales.
El proyecto establece que las futuras concesionarias deberán pagar a la provincia un monto equivalente al 1% de la facturación obtenida por la venta de electricidad en el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM). Ese ingreso se sumaría a las regalías hidroeléctricas que actualmente percibe Río Negro.
La propuesta es impulsada por la administración del gobernador Alberto Weretilneck, que sostiene que el agua utilizada para producir energía constituye un recurso natural bajo jurisdicción provincial y, por lo tanto, debe generar una compensación económica específica para el territorio donde se origina.
La medida se enmarca en el proceso de redefinición de las concesiones de los complejos hidroeléctricos ubicados sobre el río Limay, entre ellos El Chocón, Alicurá y Piedra del Águila, instalaciones que tienen un rol estratégico dentro del sistema eléctrico nacional y aportan una porción significativa de la generación hidroeléctrica argentina.
Desde el Ejecutivo provincial consideran que el nuevo mecanismo permitiría reconocer de manera más amplia la participación de Río Negro en la renta generada por la explotación de sus recursos naturales. Además, destacan que la iniciativa se apoya en el principio de dominio originario de las provincias sobre los recursos naturales incorporado a la Constitución Nacional a partir de la reforma de 1994.
De concretarse, el canon representaría una nueva fuente de financiamiento para las arcas provinciales. Aunque el monto final dependerá de variables como la producción energética y la evolución de los precios de la electricidad, las estimaciones oficiales señalan que podría incrementar significativamente los ingresos vinculados a la actividad hidroeléctrica.
La discusión también se inscribe en un contexto más amplio de reclamos provinciales por una mayor participación en los beneficios económicos generados por actividades vinculadas a recursos estratégicos. En paralelo, Río Negro y Neuquén buscan fortalecer su intervención en los procesos de control y administración de los aprovechamientos hidroeléctricos emplazados en la región.
Respecto del impacto sobre otros sectores productivos, fuentes provinciales aclararon que el canon alcanzaría exclusivamente a las empresas concesionarias de las represas y no implicaría la creación de nuevos tributos para usuarios finales ni para compañías que desarrollan otras actividades económicas.
Sin embargo, especialistas observan que la iniciativa podría transformarse en un antecedente relevante dentro del debate sobre la distribución de la renta de los recursos naturales y el rol de las provincias en la captura de valor de actividades estratégicas como la energía, la minería y los hidrocarburos.
Para Río Negro, la implementación del canon representa una oportunidad para incrementar los recursos destinados a infraestructura, servicios públicos y obras de desarrollo, en un escenario donde las provincias productoras buscan ampliar su participación en los beneficios generados por los activos naturales que se encuentran bajo su jurisdicción.
