La expansión de Vaca Muerta abre nuevas oportunidades para la industria energética, pero también plantea desafíos en el territorio. El crecimiento de la actividad, la construcción de infraestructura y la llegada de nuevos proyectos exigen fortalecer el vínculo entre las empresas, las comunidades y el Estado. Para Pablo Lumerman, de la consultora Liquen, anticiparse a los conflictos y generar espacios de diálogo es una condición cada vez más importante para garantizar el desarrollo de las inversiones.
“Tenemos un enfoque de prevención y de gestión constructiva de la conflictividad”, explicó Lumerman en una entrevista con Mejor Energía, realizada en el stand de Prima Multimedios durante la Argentina Oil & Gas Patagonia 2026.
La consultora trabaja en el relacionamiento entre los proyectos y sus partes interesadas, entre ellas comunidades, gobiernos, universidades y vecinos. Su tarea consiste en identificar riesgos asociados a la desconfianza y la falta de información, para diseñar estrategias que permitan mejorar los vínculos y las negociaciones.
Vaca Muerta: de los primeros conflictos a una nueva etapa de diálogo
Lumerman describió una evolución en la relación entre la industria hidrocarburífera y las comunidades de Neuquén. Según su análisis, los primeros años de desarrollo estuvieron marcados por mayores niveles de tensión y oposición social, mientras que posteriormente comenzaron a consolidarse mecanismos de diálogo y nuevas capacidades de gestión. “Una primera etapa, que yo llamaría de aprendizaje, fue una etapa donde hubo mucha conflictividad, mucha situación de tensión, oposición comunitaria, donde el propio desarrollo estaba en discusión”, recordó.
En los últimos años, sostuvo, se avanzó hacia un modelo con menores niveles de conflictividad, aunque advirtió que los desafíos siguen vigentes debido a la magnitud y la velocidad del crecimiento energético. “Las empresas desarrollaron capacidades para poder gestionar la conflictividad, gestionar las relaciones”, señaló.
Sin embargo, el especialista consideró que no alcanza con que las compañías mejoren sus procedimientos internos. También es necesario fortalecer las capacidades de los gobiernos provinciales y locales, así como las de los actores sociales involucrados. “Es importante tener una mirada sistémica”, remarcó, al plantear que las comunidades deben conocer los mecanismos disponibles para presentar reclamos y propuestas sin que las diferencias escalen hacia conflictos de mayor magnitud.
Según explicó, cuando las relaciones no se trabajan adecuadamente, los proyectos pueden terminar en una situación de menor eficacia y eficiencia, con costos que afectan a todos los actores.
El vínculo con las comunidades también impacta en el financiamiento
Uno de los aspectos centrales del planteo de Lumerman es que la gestión social y ambiental dejó de ser una cuestión secundaria para convertirse en un factor que puede incidir en las condiciones financieras de los proyectos. Como ejemplo, mencionó el financiamiento del proyecto VMOS y las exigencias de las entidades bancarias en materia de salvaguardas sociales y ambientales.
“Las salvaguardas sociales y ambientales que los bancos pedían al proyecto para poder desarrollarse eran altas y las auditorías son exigentes”, afirmó.
En ese escenario, las empresas deben demostrar que cuentan con mecanismos adecuados para relacionarse con las comunidades, respetar los derechos humanos y proteger los recursos naturales. También necesitan documentar y reportar esas prácticas ante los inversores. “En la medida en que vos podés tener buenos reportes de buenas prácticas, el riesgo financiero se te va a bajar”, sostuvo.
Lumerman explicó que estas exigencias están impulsando el desarrollo de las áreas de sustentabilidad y modificando la manera en que las compañías planifican sus operaciones. Ya no se trata solamente de evitar daños reputacionales: el desempeño socioambiental puede tener consecuencias concretas sobre los riesgos financieros y las condiciones de acceso al capital.
En ese sentido, mencionó un estudio realizado junto con las organizaciones Shift y TNFD, sobre la relación entre el cuidado de la naturaleza, el vínculo con las comunidades y el riesgo financiero. Según el dato que expuso durante la entrevista, el 70% de los proyectos que trabajan proactivamente en la protección de los servicios ambientales y en la relación con las comunidades reducen significativamente su riesgo financiero.
Qué debería quedar después de Vaca Muerta
Más allá de la prevención de conflictos, el especialista planteó la necesidad de discutir qué impacto dejará la actividad hidrocarburífera en el territorio una vez finalizadas las operaciones.
Para explicar esa perspectiva, introdujo el concepto de desarrollo regenerativo, que propone que los proyectos no se limiten a reducir sus impactos negativos, sino que contribuyan a mejorar las condiciones ambientales y sociales de las zonas donde operan. “Tu operación es una buena operación si deja al final de la operación mejores servicios ambientales de los que encontró”, explicó.
El planteo implica pensar en la calidad del agua, la recuperación de los suelos y las posibilidades de sostener actividades productivas una vez concluida la explotación.
Al referirse específicamente a Vaca Muerta, Lumerman propuso imaginar el escenario posterior al desarrollo hidrocarburífero y preguntarse qué quedará en el territorio.
“En lugar de una zona de sacrificio, deja un monte verde, para ser usado de forma productiva, con ganadería, turismo, lo que sea”, señaló.
Para el consultor, el desafío es avanzar hacia un modelo que vaya más allá de la compensación de emisiones y contribuya a mejorar los servicios ambientales de los que dependen las comunidades.
La consulta previa, una herramienta para evitar conflictos
Otro de los puntos abordados fue la importancia de la consulta previa, especialmente en la relación con los pueblos originarios, aunque Lumerman aclaró que la necesidad de construir vínculos alcanza también a vecinos, comunidades locales y otros actores que conviven con las obras.
El especialista consideró que existen experiencias positivas, pero también aprendizajes derivados de situaciones en las que los mecanismos de participación no se aplicaron adecuadamente.
Las consecuencias, advirtió, pueden aparecer cuando una comunidad reclama o cuando una entidad financiera exige explicaciones y condiciona el desembolso de fondos.
“En la medida en que se visualice el valor de la consulta previa para obtener ese consentimiento y que el proyecto avance de una manera estratégica, entonces eso va a andar muy bien”, afirmó.
Por el contrario, cuando la consulta se interpreta como un obstáculo o una exigencia ilegítima, el proceso requiere nuevas instancias de aprendizaje y puede profundizar las tensiones.
Para Lumerman, la clave está en reconocer que los actores territoriales no deben ser considerados únicamente como una fuente potencial de conflictos, sino también como participantes capaces de contribuir a las soluciones.
“Es una cuestión de relaciones y no es solo con comunidades mapuches. Son comunidades locales, son vecinos, son los que están en el frente de la obra. Es con todos esos actores que hay que trabajar”, sostuvo.
La entrevista a Pablo Lumerman en la AOG Patagonia 2026
