El Tribunal Supremo de Venezuela ratificó la fraudalenta victoria de Nicolás Maduro en los últimos comicios del país celebrados el pasado 28 de julio. El fallo llega tras una investigación tachada de imparcial por parte de la oposición y la comunidad internacional debido a los vínculos entre el chavismo y los magistrados de la Corte.
La presidenta del máximo órgano de Justicia venezolano fue militante del Partido Socialista Unido de Venezuela, la formación del mandatario Nicolás Maduro. Esto hizo que a nadie sorprendiera que diera por vencedor al oficialismo pese a las serias acusaciones de fraude electoral.
La Misión de Determinación de los Hechos en Venezuela iniciada por la Organización de Naciones Unidas ha advertido hoy de la "falta de independencia e imparcialidad" tanto del Tribunal Supremo como del Consejo Nacional Electoral.
Por su parte, Edmundo González Urrutia expresó en sus redes sociales que "ninguna sentencia sustituirá la soberanía popular. El país y el mundo conocen su parcialidad y, por ende, su incapacidad de resolver el conflicto; su decisión solo agravará la crisis".
Caryslia Rodríguez, presidenta del Supremo, aseguró hoy que la Sala Electoral considera como ganador a Nicolás Maduro. Resuelve así "de manera definitiva el recurso de la elección" interpuesto por Miraflores. Sin embargo, las actas de las mesas electorales dan la victoria a Edmundo González Urrurtia
La oposición sí ha hecho públicas las mencionadas actas cuyas copias pudieron llevarse de los colegios. Sin embargo, el Centro Nacional Electoral (CNE) las mantiene ocultas. Respecto a la opacidad de dicho organismo, el Supremo lo justifica alegando un "ataque cibernético" que impediría al CNE mostrar las actas oficiales.
González Urrutia no acudió a la Sala Electoral ante la posibilidad de ser detenido. Varios políticos de la oposición venezolana han sido encarcelados desde que se celebraron las elecciones, algo que ha denunciado en este medio el ex vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa.
Desde que comenzaron las protestas en el país han detenido a 1.503 personas, de los que 129 serían adolescentes según datos de Foro Penal. Al menos 25 personas habrían muerto. El Gobierno ha prohibido redes sociales como X para evitar que se difundan imágenes.