La Unidad de Inteligencia Financiera de México bloqueó las cuentas bancarias del gobernador de Sinaloa, Miguel Rocha, y de otros funcionarios y exfuncionarios del estado a quienes el Departamento de Justicia estadounidense acusó de narcotráfico a fines de abril. El organismo, dependiente de la Secretaría de Hacienda, aclaró que la medida se tomó "con carácter estrictamente preventivo" para "proteger la integridad del sistema financiero nacional" y que no implica una determinación definitiva ni acredita responsabilidad alguna. La acusación estadounidense, hecha pública hace casi tres semanas, involucra a diez funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa a quienes Washington atribuye haberse aliado con el Cártel de Sinaloa. Entre los señalados figuran además el senador Enrique Inzunza, el exsecretario de Finanzas Enrique Díaz Vega, el exsecretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez y mandos policiales. Todos rechazaron los cargos.
El caso tiene una alta carga política para el gobierno de Claudia Sheinbaum: Rocha y varios de los acusados son militantes de Morena, el partido oficialista. La presidenta mexicana intentó equilibrar la situación al señalar que "no hay ningún riesgo" de que los funcionarios sean entregados a Estados Unidos, pero también advirtió que si Washington presenta pruebas concretas, México "no protegerá a quien haya cometido un delito". Al gobernador Rocha, el Departamento de Justicia lo acusa específicamente de narcotráfico y de haber brindado apoyo a Los Chapitos —una fracción del Cártel de Sinaloa— a cambio de ayuda para ganar las elecciones estatales de 2021. Días después de conocerse la acusación, Rocha pidió licencia para separarse temporalmente del cargo, aduciendo facilitar las investigaciones.
El episodio profundiza las tensiones entre México y Estados Unidos en materia de seguridad, un frente que ya venía tenso. Washington acusa a México de no hacer lo suficiente contra el crimen organizado; México responde que coopera pero exige que sea con respeto a su soberanía. Un dato concreto ilustra el estado de la situación: el exsecretario de Seguridad Mérida Sánchez fue detenido la semana pasada por autoridades estadounidenses luego de ingresar a territorio de EE.UU. el 11 de mayo por Arizona, y tiene una audiencia judicial programada para el 1 de junio en Nueva York. Su detención, combinada con el bloqueo de cuentas decretado este lunes, sugiere que la presión de Washington sobre el entramado político-criminal de Sinaloa está produciendo resultados concretos, con o sin la cooperación plena del gobierno mexicano.
