El gobierno del Reino Unido ratificó su postura sobre las Islas Malvinas con una declaración que eleva la disputa al terreno económico y empresarial: "Las Islas Malvinas son británicas y tienen derecho a desarrollar sus recursos naturales como consideren apropiado", afirmó la subsecretaria parlamentaria de Estado para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, en un comunicado oficial. Londres fue más lejos al anunciar que su gobierno y su red diplomática "respaldan plenamente" a las empresas y particulares que mantienen actividades comerciales con las islas, calificó de "inaceptables" las medidas impulsadas desde Buenos Aires y aseguró que esas acciones no impedirán el desarrollo económico del archipiélago. La declaración se suma a una guía publicada el 15 de septiembre en la que el gobierno británico sostiene que las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental de las Malvinas están reguladas por la legislación de las islas y que Argentina carece de jurisdicción para sancionar a empresas vinculadas con negocios en el archipiélago.
La respuesta argentina fue igualmente firme. La Cancillería rechazó la guía británica y anunció una profundización de las medidas contra empresas vinculadas a la explotación de recursos naturales en las áreas bajo disputa, argumentando que las leyes 26.659 y 26.915 establecen sanciones para quienes participen directa o indirectamente en actividades hidrocarburíferas no autorizadas en la plataforma continental argentina. Buenos Aires envió cerca de 180 notas de advertencia y asunción de riesgos a personas físicas y jurídicas de 30 países e inició 60 procedimientos administrativos. La disputa tiene además un foco concreto: el proyecto Sea Lion en la Cuenca Malvinas Norte, impulsado por las compañías Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum, al que la justicia argentina ya ordenó frenar. Londres, en cambio, habló de "enormes oportunidades" para las empresas que quieran operar en las islas y prometió trabajar "incansablemente" para garantizar que se respeten los deseos de sus habitantes.
El cruce de declaraciones de este viernes es el capítulo más reciente de una escalada diplomática que en pocas semanas pasó de los discursos de Milei y las declaraciones ambiguas de Trump a medidas legales y administrativas concretas de ambos lados. Con el gobierno argentino denunciando penalmente a petroleras británicas, Londres respaldando públicamente a esas empresas y Washington sin definir claramente su postura, el conflicto por Malvinas entró en una fase de guerra jurídica y económica que no tiene precedentes desde 1982 y que podría determinar el futuro del proyecto Sea Lion, una apuesta de miles de millones de dólares cuya viabilidad depende en parte de que las empresas involucradas puedan operar sin el riesgo de sanciones argentinas que sus propios inversores ya están evaluando con preocupación.
