Las rutas nacionales de Argentina representan un espejo de la negligencia estructural en materia de infraestructura. Lo que debería ser la columna vertebral del tránsito seguro se ha convertido en una trampa mortal para conductores y transportistas. La ruta Nacional 3 en Buenos Aires y la ruta Nacional 22 en Río Negro ejemplifican el abandono, con obras inconclusas que han quedado reducidas a meras promesas políticas. La modernización de estos corredores estratégicos no solo se estancó, sino que se cobra varis vidas al año.
El reciente choque fatal en la ruta 3 dejó cuatro muertos y 16 heridos, un resultado dolorosísimo que evidencia el riesgo al que se enfrentan miles de personas cada día. ¿Las causas? Una combinación letal de señalización deficiente, infraestructura en ruinas y desvíos improvisados que transforman cada viaje en una apuesta contra la muerte. Este tramo, abandonado a su suerte por las autoridades, es solo la punta del iceberg de una crisis nacional.
En Río Negro, la ruta 22 es un testimonio vivo de la parálisis estructural. Pese a ser clave para el desarrollo energético del país, por ser la vía de ingreso a Vaca Muerta, la ampliación prometida hace más de 22 años sigue atrapada en un limbo de contratos cancelados, problemas presupuestarios y conflictos judiciales. Mientras tanto, los conductores lidian con una calzada diseñada para otro siglo, donde el tránsito pesado y las zonas en construcción generan un cóctel peligroso de siniestralidad.
La conversión de la ruta 3 en autovía fue objeto de incontables anuncios de ejecución. En 2016, se prometió acelerar los trabajos, pero los avances fueron ínfimos. En Azul, Bahía Blanca y San Miguel del Monte, los desvíos improvisados crearon verdaderos puntos críticos de peligro. La historia se repite en la ruta 22, donde la ampliación entre Roca y Cipolletti sigue detenida, dejando a miles de personas expuestas al riesgo cotidiano de accidentes. A esta obra interminable, hay que sumarle la situación de la rotonda de Choele Choel, que pese a las promesas del gobierno nacional, nunca se reactivo y debió habilitarse en el estado en el que se encontraba.
Una ecuación mortal: siniestralidad y abandono
El choque en San Miguel del Monte es solo un capítulo más en la alarmante estadística de la ruta 3. En los últimos cinco años, se registraron más de 300 accidentes graves, muchos con víctimas fatales. Falta de iluminación, señalización precaria y ausencia de carriles seguros agravan la situación. La ruta 22, con un promedio de 100 siniestros viales anuales, no se queda atrás. Allí, los transportistas deben sortear un tránsito de carga incompatible con la deteriorada infraestructura.
El corte drástico de la obra pública impuesto por el gobierno de Javier Milei agrava la situación. Aunque la responsabilidad no debe caer solamente en la motosierra del gobienro nacional y debe ser extensiva a las gestiones presidenciales anteriores, con falta de contol a las empresas contratistasy de cumplimiento en los pagos. Además del manto de corrupción que cubre cada contrato del Estado.