El presidente, Javier Milei, ya firmó los vetos a las leyes que establecían un aumento para jubilados y declaraban la emergencia en discapacidad, sancionadas por el Senado a principios de julio. La decisión se oficializará el próximo lunes en el Boletín Oficial, tras haber sido postergada durante semanas para dilatar su tratamiento en la Cámara de Diputados.
El Poder Ejecutivo busca garantizar los votos necesarios para sostener el rechazo en Diputados. Para eso, mantiene negociaciones con gobernadores y bloques aliados, con el foco puesto en el reparto de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y acuerdos de cara a las elecciones nacionales del 26 de octubre.
Como parte de esa estrategia, esta semana se formalizó la incorporación de cinco diputados radicales al bloque oficialista de La Libertad Avanza: Luis Picat, Pablo Cervi, Federico Tournier, Francisco Monti y Mariano Campero. En la mesa política de Balcarce 50 apuntan también a sumar el apoyo del PRO y de los bloques federales aliados.
Los principales encargados de llevar adelante las negociaciones con la oposición dialoguista son el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, el vicejefe de Interior, Lisandro Catalán, el presidente de Diputados, Martín Menem, y el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem. En las últimas semanas mantuvieron reuniones con al menos siete gobernadores: Gustavo Sáenz (Salta), Carlos Sadir (Jujuy), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Leandro Zdero (Chaco), Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Alfredo Cornejo (Mendoza).
Con algunos de ellos, el Gobierno negoció la conformación de frentes electorales comunes, y con otros acordó competir por separado, con el objetivo de desplazar al peronismo en las elecciones provinciales.
Desde el Ejecutivo aseguran que no avalarán modificaciones en la recaudación del impuesto a los combustibles, aunque están dispuestos a ceder el porcentaje correspondiente al Sistema Vial Integrado (SISVIAL). También aplicarán un esquema de negociación “uno a uno” con los mandatarios provinciales, para acordar cancelaciones de deuda y giros discrecionales.
En la Casa Rosada sostienen que la sesión del Senado en la que se aprobaron las leyes fue inválida, por lo que, en caso de que el Congreso rechace los vetos, el oficialismo judicializará ambas iniciativas. La estrategia jurídica está liderada por la secretaria de Legal y Técnica, María Ibarzabal, junto con su equipo de abogados y el viceministro de Justicia, Sebastián Amerio.
Además, desde el Gobierno niegan que vetar las leyes implique convalidarlas y reiteran su intención de evitar cualquier erogación presupuestaria en lo que resta del año electoral. “Vamos a ir hasta la última instancia y no lo vamos a promulgar si no nos dan la razón. Los fondos no se van a gastar”, afirman desde Balcarce 50.